La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó este lunes un proyecto de ley para incrementar el criminal e ilegal bloqueo económico contra la República Bolivariana de Venezuela.
El irrespetuoso texto contó con amplio respaldo de representantes de ambos partidos, y lleva además el nombre de Ley Bolívar, en una muestra más del injerencismo y la expropiación características del imperio norteño.
Su propósito es restringir aún más las fuentes de financiamiento de la nación sureña y doblegarla por la vía económica, ante el fracaso de otros intentos políticos y atentados terroristas.
En esencia, la nueva legislación extiende a todas las agencias estatales estadounidenses la prohibición de firmar contratos con empresas o personas vinculadas con el gobierno legítimo de Venezuela, tanto el actual encabezado por Nicolás Maduro como sus sucesores, a menos que comulguen con los intereses de Washington.
Fue promovida por los congresistas de Florida, Mike Waltz y Debbie Wasserman Schultz, y bajo el nombre detallado de Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Ilegítimo de Venezuela, amplía el alcance de la anterior Ley de Autorización de Defensa Nacional, que en 2020 cortó cualquier vínculo económico del Pentágono con el Estado bolivariano.
La justificación presentada por Waltz es la conveniencia de reforzar la solidaridad de Estados Unidos con los "activistas" interesados en "romper las cadenas de la opresión", supuestamente sin perjudicar al pueblo venezolano.
Como es habitual en los bloqueos imperiales, la ley pretende coaccionar a cualquier gobierno y empresa privada con lazos económicos, financieros o comerciales con Caracas, bajo amenaza de no poder luego hacer negocios con instituciones y compañías de capital norteamericano.
Asi restringen el acceso de Venezuela a acuerdos internacionales, con intención de aislarla y agudizar la crisis humanitaria, provocada por las anteriores medidas.
Según reconocen las agencias de prensa, la nueva ley marca un cambio estratégico en la política hacia el gobierno bolivariano, y da indicios de cómo actuará el futuro asesor de seguridad nacional del presidente electo Donald Trump, el congresista Mike Waltz.
Por su parte, los Estados Miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) condenaron la decisión de la Cámara de Representantes, ya sumada a las más de 930 medidas coercitivas unilaterales y extraterritoriales contra el pueblo venezolano.
La intención de esta medida es presionar a millones de venezolanos y venezolanas, y sobre todo a la población más vulnerable, para impactar en la soberanía y el desarrollo económico de esa nación sudamericana, advirtió el mensaje del bloque.
También calificó de ofensa grosera y premeditada el modo de mancillar el nombre del Libertador Simón Bolívar, figura de relevancia histórica por su proceder independentista y antimperialista, quien hace más de 200 años advirtió cómo Estados Unidos pretenderían "plagar la América de miserias en nombre de la libertad”.
Alba - TCP exigió respeto a la Carta de las Naciones Unidas y las normas del Derecho Internacional, así como a la voluntad de los pueblos libres, independientes y soberanos.En su comunicado, invitó a todas las naciones de América Latina y el Caribe, y a la comunidad internacional, a condenar la nueva maniobra ilegal, vano intento de doblegar al pueblo bolivariano y a su legítimo gobierno.
También el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, valoró esta Ley AR 825 estadounidense como otra basura para recrudecer el bloqueo y las sanciones contra el país suramericano.
Desde la sede de la Comisión Electoral Nacional, donde se organiza la elección de Jueces de Paz (el próximo 15 de diciembre), repudió tanto el contenido de la legislación como el irrespeto de usar el nombre sagrado para la patria venezolana.
“Repudio totalmente el intento criminal de poner el nombre de Bolívar a una ley de guerra, sucia y criminal contra Venezuela, en el Parlamento de los Estados Unidos”, afirmó.
El propio Bolívar denunció en su momento al imperialismo del norte, al parecer destinado «a llenar de incertidumbre y de guerra al mundo, en nombre de la libertad», alertó el mandatario.Una vez más, la medida fue pedida por quienes pretenden desestabilizar al país sureño, y por tanto consideró un grave delito alentar esa "ley de guerra contra los empresarios y trabajadores venezolanos".
Advirtió Maduro a quienes apoyen tal "asociación para delinquir", a nivel nacional e internacional, porque serán castigados por participar de esos crímenes.
Contra la nueva Ley Basura, convocó al pueblo a manifestar su repudio, y al parlamento a acelerar el proceso para dar vida a la Ley Especial Libertador Simón Bolívar, contra el bloqueo y en defensa de la patria, aprobada este martes.
AL MAYADEEN