La Procuraduría General de la República de Brasil (PGR) presentó ante el Supremo Tribunal Federal (STF) acusaciones contra el expresidente Jair Bolsonaro y otras 33 personas por fomentar y llevar a cabo actos contra los tres poderes del Estado y el Estado democrático de derecho.A los 34 acusados se les imputa la comisión de los presuntos delitos de golpe de Estado, organización criminal armada, tentativa de abolición violenta del Estado democrático de Derecho, daños cualificados por violencia y amenaza grave contra bienes federales, y con perjuicio considerable para la víctima y deterioro del patrimonio protegido.
"Los líderes de la organización eran el entonces presidente de la República [Jair Bolsonaro] y su candidato a la vicepresidencia [Walter Braga Netto]. Aliados con otras personas, entre civiles y militares, intentaron impedir de forma coordinada que se concretaran los resultados de las elecciones presidenciales de 2022", señaló la fiscalía.
La PGR informó en un comunicado que las acusaciones se basan en manuscritos, archivos digitales, hojas de cálculo e intercambios de mensajes que revelan el presunto plan para alterar el orden democrático en Brasil.
De acuerdo con la dependencia federal, las pruebas describen detalladamente la trama conspirativa que se organizó y ejecutó contra las instituciones democráticas.Según las investigaciones de la PGR, el plan comenzó en 2021 con ataques sistemáticos al sistema de voto electrónico, a través de declaraciones públicas y en Internet.
En julio del año siguiente, Bolsonaro se habría reunido con embajadores y representantes diplomáticos acreditados en el país para verbalizar las conocidas y desmentidas acusaciones de fraude en las urnas electrónicas, en un intento de preparar a la comunidad internacional para la supuesta falta de respeto a la voluntad popular en las elecciones presidenciales, afirmó la PGR.
Durante la segunda vuelta de las elecciones, aseguró la Fiscalía, los organismos de seguridad se movilizaron para cartografiar e impedir que los electores votaran al candidato de la oposición, Luiz Inácio Lula da Silva. "Y las personas involucradas en esta etapa trabajaron para la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, facilitando los actos de violencia y depredación del 8 de enero de 2023", afirmó la PGR.
De acuerdo con la Fiscalía, al no encontrar fallas en el sistema electoral, los involucrados mantuvieron el discurso del fraude y mantuvieron la militancia con campamentos instalados frente a cuarteles del Ejército en diversas capitales del país.
"En otro frente, la organización criminal presionó al comandante del Ejército y al alto mando, redactando cartas y agitando a colegas a favor de acciones de fuerza en la escena política para impedir que el presidente electo [Lula] asumiera el cargo. La denuncia apunta a la redacción de actos para formalizar la ruptura del orden constitucional, incluyendo la detención de ministros del STF", añadió la PGR en su comunicado.
Según los fiscales, las investigaciones revelaron la presunta operación golpista, en la que se llegó a contemplar la muerte del presidente Lula da Silva y vicepresidente electos de la República, Geraldo Alckmin, así como la de un magistrado del Tribunal Supremo. El plan contaba presuntamente con el consentimiento del entonces presidente Jair Bolsonaro, dijo la PGR.
"La violencia del 8 de enero fue el último intento. La organización promovió la movilización de un grupo de personas frente al Cuartel General del Ejército, en Brasilia, pidiendo la intervención militar en la política. Los participantes recorrieron el trayecto acompañados y escoltados por la policía militar del Distrito Federal, invadiendo y destruyendo las sedes de los tres poderes del Estado. El episodio causó daños por valor de más de 20 millones de reales”, puntualizó.Las denuncias serán analizadas por el ponente del caso en el Supremo Tribunal Federal, el ministro Alexandre de Moraes.
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