A través de una publicación en sus redes sociales, la vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, compartió el comunicado de la Asociación Americana de Juristas (AAJ), donde denuncian las acciones injerencistas y desestabilizadoras, por parte de Estados Unidos y otros países, en relación al proceso electoral venezolano.
En un comunicado oficial, la AAJ expone su preocupación ante las acciones que buscan desestabilizar el proceso electoral. Estas maniobras incluyen una amplia campaña mediática, en la que personalidades estadounidenses y gobiernos aliados instan, abiertamente, a votar por la oposición al actual gobierno venezolano.
Ejemplo de ello es la ministra de seguridad argentina, Patricia Bullrich, quien, junto al presidente del partido Alianza Bravo Pueblo, Richard Blanco, convocó a apoyar, masivamente, a María Corina Machado, y a votar por Edmundo González, bajo alegatos falsos.
Seguidamente, la Asociación denuncia que se han difundido comunicados falsos, que afirman tener pruebas de alteración del resultado electoral por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Estas tácticas recuerdan al operativo previo a las elecciones de 2019 en Bolivia, que culminó en un golpe de Estado con consecuencias trágicas.
En este contexto, la Asociación Americana de Juristas ha acreditado veedores y acompañantes internacionales para el proceso electoral del próximo 28 de julio, en la República Bolivariana de Venezuela. Según su verificación, el sistema electoral venezolano es uno de los más íntegros y seguros de esta región, pues está administrado, exclusivamente, por el Poder Electoral, con miembros de todas las fuerzas políticas participantes en juntas electorales a nivel nacional, regional y municipal. Además, la organización realizó 16 tipos de auditorías tecnológicas en distintos componentes, lo que incluyó el sistema cerrado de transmisión. Los centros de votación también están sujetos a verificación ciudadana, con un sorteo de 30 miembros por mesa, aunque por normativa solo tres de ellos ejercerán funciones, junto a los testigos designados por los partidos políticos.
En conclusión, la organización internacional reafirma el principio de no intervención, y defiende el derecho de todo Estado soberano a conducir sus asuntos sin injerencia extranjera. La Carta de las Naciones Unidas respalda esta postura, y establece que no se debe autorizar o promover intervenciones en asuntos de jurisdicción interna de los países.
VTV