“Es un proceso contra la disidencia política”, “una causa general”, un “juicio farsa” en que “se han vulnerado todos los derechos de la Constitución” y en el que además han tratado a los imputados “peor que a terroristas”, fueron algunos de los alegatos que presentaron los abogados defensores de los 12 políticos independentistas catalanes que serán juzgados en el Tribunal Supremo español por los delitos de rebelión, malversación de fondos públicos y desobediencia.
