El Papa en Colombia, donde FARC es ahora un partido legal

 

Emilio Marin, La Arena

El avance de Colombia hacia la paz es complicado. Todo lleva considerable retraso. Una ayuda a destrabarlo es la visita de Francisco. Otra, importante, el congreso de FARC ahora convertida en un partido legal. Sin embargo, aún falta mucho.

El Papa está nuevamente en América Latina, en uno de sus viajes pastorales y políticos que lo llevan por el mundo desde que fue ungido en marzo de 2013. Esta vez es Colombia, antes Brasil, Bolivia y Ecuador, entre destinos que por ahora vienen esquivando a su Buenos Aires querida. Se ha dejado trascender que no quería verse involucrado en las peleas intestinas en su nación de origen, una explicación que mucho no cierra porque en su periplo colombiano sí tuvo que tomar una posición en lo interno. ¿Cuál? Apoyar el rumbo de reconciliación entre el presidente Juan Manuel Santos y el exguerrillero Rodrigo Londoño (“Timochenko”), pese a la brutal oposición del expresidente Álvaro Uribe y su “Centro Democrático”, un segmento oligárquico, ciertas iglesias, medios de comunicación y el poder judicial.

El Pontífice llegó por cinco días a Colombia y su primera misa la hizo ante 1.3 millón de personas, en el parque Simón Bolívar de Bogotá. Allí enfatizó en la necesidad de buscar la paz, arengando a los presentes para que sean “Constructores de la paz, promotores de la vida”. Para tal objetivo citó un pasaje del Nuevo Testamento: cuando Jesús le ordena a Simón Pedro “navegar mar adentro”, pese a sus dudas y temores frente a la tormenta.
La búsqueda de la paz no fue el único eje de su homilía; también se refirió a la injusticia y la inequidad social, y al fenómeno de la corrupción de intereses personales y grupales, lo que conecta con denuncias de, por ejemplo, las coimas pagadas por Odebrecht también en Colombia. Aunque el presidente Santos está señalado como uno de los posibles implicados en esos negociados, le vino muy bien la visita del Papa en muchos aspectos y lo recibió en la presidencial Casa de Nariño.

Francisco no sólo se entrevistó con el presidente sino también, en el mismo lugar y día, jueves 7, con 2.000 dirigentes políticos, más que nada de la coalición oficialista y de partidos como el liberal, conservador y centro democrático (FARC, que había realizado su primer congreso entre el 28 y el 31 de agosto, que se sepa, no fue invitada).

En ese encuentro con esa parte del espectro político, Francisco saludó los avances hacia la paz, aunque no se refirió en forma explícita a los acuerdos con la guerrilla. “En el último año ciertamente se ha avanzado de modo particular en la búsqueda de la paz”, encomió.

La paz tiene contras.

Como es consciente que ese proceso tiene muchos palos en la rueda, el Papa pidió a los políticos presentes en Nariño “no decaer en el esfuerzo por construir la unidad de la Nación que requiere el aporte de todos”. E incluyó la necesidad de “leyes justas que puedan garantizar esa armonía y ayudar a superar los conflictos que han desgarrado esta Nación por décadas”. Hablaba de la paz y de no quedar a mitad de camino, lo que puede generar conflictos aún más graves como enseña la historia colombiana.
Que los acuerdos de paz son todavía vulnerables está a la vista de todos.

En el plebiscito del 2 de octubre de 2016, cuando se puso a consideración los acuerdos firmados en La Habana tras casi cuatro años de negociaciones, terminó imponiéndose el “No” con el 50,21 por ciento de los votos frente al 49,78 del “Sí”. La opción ganadora la impulsaban Uribe y el arco más volcado a la derecha del espectro político, con los también expresidentes César Gaviria y Andrés Pastrana, el ex candidato Oscar Zuluaga y la excanciller Martha Lucía Ramírez.

Ese resultado electoral, sorpresivo, no impidió que Santos fuera premiado con el Nobel de la paz a la semana siguiente de su revés. Ese “No” llevó a una renegociación de los documentos firmados en el Palacio de las Convenciones habanero, donde la mayor parte de las concesiones hubo de hacerlas la guerrilla. Es que en esa reapertura del tira y afloje de hecho el jefe de los negociadores de Santos, Humberto de la Calle, representaba a su sector oficialista y de hecho a la oposición de Uribe.

La otra muestra, mucho más reciente, de los obstáculos fue que la candidata presidencial Ramírez presentó una recusación para apartar a dos de los integrantes de la Corte Constitucional, Cristina Pardo y Antonio José Lizarazo.

El tribunal tiene que resolver si “las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final”. Ramírez considera que esos dos magistrados van a querer preservar esos acuerdos, a los que ella se opone, porque antes de llegar a la Corte tuvieron participación en dichos acuerdos.

Otro miembro de la Corte Constitucional, Luis Guillermo Guerrero, quiere derribar ese blindaje jurídico de los acuerdos y el diferendo se iba a votar el 6 de septiembre. Por la recusación de Ramírez se ha diferido unos días. El pronóstico es que la votación podría ser favorable a la continuidad de la paz por 6 a 3, y eso explicaría la jugada de último momento para apartar a dos votantes de la mayoría.

Otra prueba de lo complicada que es la ruta hacia la paz la dio la carta de Uribe al Papa, en horas previas a su llegada a Bogotá. Allí hizo críticas destructivas al proceso de paz y pintó un cuadro terrible de Colombia. Sobre los acuerdos, sostenía que habían otorgado “impunidad total a los responsables de delitos atroces, su elegibilidad política, la autorización legal que han recibido para gastar dineros ilícitos en sus actividades políticas y otros puntos que constituyen estímulos al delito”.

En lo inmediato esas barbaridades no son determinantes, pero en las elecciones de 2018 pueden serlo, salvo que gane el oficialista De la Calle. Con Zuluaga, Ramírez u otro opositor digitado por Uribe, habría un gran retroceso.

Misma sigla, otro significado.

Como se señaló, la guerrilla fundada por Manuel Marulanda en 1964 se transformó en un partido legal mediante su primer congreso a fines de agosto. En Bogotá se reunieron 1.500 delegados que proceden de la insurgencia armada, con invitados especiales y periodistas.

Londoño fue una de las figuras más destacadas en el evento, reafirmando que “se acabó la guerra y vamos a dar continuidad a nuestros ideales por la vía política. Insistiremos en nuestros propósitos políticos por una Colombia con justicia social”.

El otro dirigente fue Iván Márquez, jefe de los negociadores de la paz en Cuba y número 2 de la organización. Él aseguró que quieren ser la alternativa para quienes están en las ciudades dado que “en los territorios ya hay un terreno ganado”. “Seremos alternativa y un nuevo poder territorial. Consolidaremos nuestra fuerza política convirtiéndonos en un nuevo poder político que transforme al Estado”, les planteó a los delegados.
En ese congreso se mantuvo la sigla FARC, pero ahora significa Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, luego que con 628 votos triunfara la moción presentada por Márquez, por sobre los 264 de Londoño, de “Nueva Colombia”, que procuraba renovación en este punto.

El flamante partido realizó un acto en la plaza Simón Bolívar el 1 de septiembre y tres días más tarde realizó una reunión de su nueva dirección nacional, de 111 miembros, denominado Consejo Nacional de los Comunes. Su directiva máxima, de 15 personas, estará encabezada por Londoño seguido de Márquez, pero puede que en la práctica este segundo esté en posición máxima por los problemas de salud del primero, que partió a Cuba a proseguir su tratamiento médico luego de haber tenido un accidente cerebral.

Un dato menor, pero sugestivo, es que ningún dirigente político de primera línea, ni candidato presidencial, llegó al congreso de FARC pese a las invitaciones especiales. Solamente fue un delegado en nombre del movimiento de Clara López, de centroizquierda. Es como si no quisieran “desprestigiarse” con fotos al lado de exguerrilleros.
Ese no es un problema significativo. Sí lo son otros obstáculos a la paz y a la actuación de la nueva fuerza antiimperialista, como que en los últimos 14 meses, cuando las FARC se desmovilizaban, fueron asesinados 156 líderes sociales comunitarios, algunos cercanos a ese sector.

Ya se hizo referencia a los riesgos de que el Tribunal Constitucional no valide la continuidad histórica de los acuerdos de paz, lo que sería gravísimo.

En el congreso de FARC, Márquez se quejó que todos los plazos se estiraron tres meses o más por lentitud del gobierno e incumplimiento del Estado, de la falta de afectación de fondos suficientes para la implementación de los acuerdos y que centenares de presos políticos de la guerrilla y cercanos a ésta siguen en las cárceles. Solamente han salido, dijo, 3.000 militantes encarcelados, y Simón Trinidad sigue preso en Estados Unidos. En cambio, la guerrilla se desmovilizó y cumplió todos sus compromisos.

La existencia de dificultades fue admitida por Londoño ante sus militantes: “nada es fácil en el sistema político para nosotros, pero estamos inmersos en él y estamos dispuestos a cambiarlo. Requerimos de cabeza fría y de masas que nos respalden en todos los espacios. Nuestra misión fundamental será ganarlas. Sin ellas el adversario hará lo que quiera con nosotros, sin ellas no podremos cambiar nada”. ¿Podrán?

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