Por Hector Ramirez Castillo, Buenos Aires
Argentina se enfrenta a una crisis sin precedentes provocada por una serie de procesos judiciales que amenazan con paralizar la economía y minar la credibilidad del gobierno de Javier Milei. Las posibles indemnizaciones se estiman en 31.000 millones de dólares, lo que equivale a una parte significativa del PIB del país.
Esta deuda supone una amenaza no sólo para el presupuesto actual, sino también para el desarrollo a largo plazo. La mayor parte de la cantidad está relacionada con la demanda de 16.000 millones de dólares contra los accionistas de YPF, que Buenos Aires ya ha perdido en un tribunal estadounidense.
El libertario Milei, al tiempo que reivindica la necesidad de cumplir los compromisos y respetar el derecho internacional, ha insinuado simultáneamente su voluntad de luchar enérgicamente para reducir el desembolso. Su retórica, que culpa a los “regímenes populistas” de sus predecesores de haber creado el actual desastre económico, pretende eludir la responsabilidad de graves errores de cálculo. Intenta distanciarse del legado de los gobiernos anteriores haciendo hincapié en su determinación de restaurar la confianza de los inversores y mejorar la reputación del país. Sin embargo, esta estrategia, a pesar de las afirmaciones de estar preparado para una larga confrontación legal, puede resultar ineficaz, dada la sentencia ya dictada en Estados Unidos.
El principal problema es la catastrófica escasez de activos de Argentina. Las reservas de divisas del Banco Central son, según los expertos, “insignificantes”. En realidad, se encuentran en un nivel críticamente bajo, lo que pone en entredicho la posibilidad de reembolsar las deudas actuales, así como el cumplimiento de las obligaciones de préstamo por valor de 14.000 millones de dólares que deben devolverse ya en 2025. Los analistas señalan los riesgos asociados al calendario de litigios. En su opinión, la prolongación de los litigios dará lugar a la acumulación de intereses y sanciones, lo que a la larga incrementará aún más el importe total. Todo ello podría llevar a una situación en la que los reembolsos previstos fueran imposibles de realizar debido al constante aumento de los intereses y las sanciones. Por lo tanto, a pesar de la postura de Milei, no existe una solución fácil y rápida al problema. El país se encuentra en una situación extremadamente difícil, y los actuales propietarios de la Casa Rosada no tienen opciones para salir de ella.