21 Mar
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La red Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.), una organización de derechos humanos integrada por hijas e hijos de personas desaparecidas durante la última dictadura militar, denunció este jueves un ataque con fines políticos en contra de una de sus integrantes.

En un comunicado, el colectivo reveló que una de sus militantes, cuya identidad preservan, fue atacada por dos individuos que la esperaban adentro de su domicilio, luego de forzar la puerta e ingresar ilegalmente.

"Fue atada, golpeada, abusada sexualmente sufrió amenazas de muerte, los atacantes la amenazaron con armas de fuego", señaló.

Además, a la víctima le transmitieron con claridad el mensaje: "No vinimos a robarte, vinimos a matarte. A nosotros nos pagan para esto", refiere la organización.



 El colectivo advirtió que se trata de un atentado político motivado por la militancia en derechos humanos y feminista de la víctima, ya que no le robaron nada de valor económico y solo se llevaron carpetas con información de su trabajo activista. 

Un detalle que generó especial preocupación es que los agresores pintaron en la pared de la casa las siglas "VLLC", en referencia al lema "Viva la libertad carajo", que popularizó el presidente Javier Milei. 

Preocupación

"Estos hechos tienen un claro correlato con las acciones y discursos de odio que las máximas autoridades del país expresan cotidianamente e incita a la violencia contra quienes militamos por los derechos humanos", señaló el colectivo, al atribuir responsabilidades al Gobierno nacional del ataque.

La denuncia enrareció aun más el clima político previo al 24 de marzo, fecha en la que se conmemora el aniversario del último golpe de Estado que sufrió Argentina en 1976.

Los organismos de derechos humanos prepararan la marcha que anualmente se realiza en todo el país, y que en la ciudad de Buenos Aires suele colmar la Plaza de Mayo.En este caso tendrá un cariz especial, ya que es la primera movilización en repudio de la dictadura que se lleva a cabo durante el Gobierno de Milei, un presidente que niega el número de víctimas y que minimiza las violaciones a los derechos humanos que se registraron durante la represión.  

Además, la vicepresidenta Victoria Villarruel es defensora de los militares que ya fueron procesados o condenados por delitos de lesa humanidad contra decenas de miles de víctimas, como secuestros, asesinatos, desapariciones, torturas, robo de niños, abusos sexuales y robo.


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