BUENOS AIRES (Sputnik) — El Gobierno de Argentina anunció que pedirá al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, emitir una orden de detención contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y otros funcionarios de su Gobierno.
"Ante el agravamiento de la situación en la República Bolivariana de Venezuela a partir del 28 de julio pasado y la comisión de nuevos hechos que pueden ser considerados delitos de lesa humanidad, la República Argentina exhorta al fiscal de la Corte Penal Internacional que solicite a la Sala de Cuestiones Preliminares el dictado de órdenes de detención contra Nicolás Maduro y otros cabecillas del régimen", señaló la Cancillería en un comunicado.
Argentina presentará la solicitud oficial el próximo 9 de septiembre, añade la nota.
La Cancillería considera que "la evidencia recogida en el curso de las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ("Situation in the Bolivarian Republic of Venezuela I") y los hechos ocurridos con posterioridad a los comicios presidenciales del 28 de julio son elementos suficientes para considerar el mérito del dictado de las mencionadas órdenes de detención".
Asimismo, recuerda que en julio el país se reincorporó a una denuncia contra el Gobierno de Venezuela ante la CPI por posibles crímenes de lesa humanidad bajo el mandato de Maduro, presentada en 2018 y de la que se retiró en 2021.Previamente, el 6 de julio, Uruguay confirmó su adhesión a la denuncia ante la CPI para investigar posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
A principios de agosto, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, también pidió a la CPI una orden de captura contra el presidente de Venezuela, así como miembros de su gabinete.
En febrero pasado, la CPI desestimó un recurso de apelación presentado por la Administración de Maduro para detener las investigaciones en su contra por posibles crímenes de lesa humanidad, en el caso denominado "Venezuela I", presentado por el propio fiscal Khan en noviembre de 2021.
La pesquisa fue solicitada tras las protestas antigubernamentales que estallaron en Venezuela en 2017, por una crisis de alimentos y medicinas, inflación e inseguridad, y tras la suspensión de un referendo revocatorio contra Maduro.
Según denuncias de grupos opositores, tales protestas dejaron 125 muertos, así como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas.
La CPI es un tribunal de última instancia regido por el Estatuto de Roma, que establece cuatro crímenes internacionales (genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad), los cuales no prescriben.
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