En un hecho inédito en Argentina, la Cámara alta frenó por amplia mayoría el nombramiento por decreto de dos integrantes del máximo tribunal argentino. "El rechazo fue categórico. El Gobierno creyó que tenía margen para volver a esquivar al Congreso", dijo a Sputnik el politólogo Diego Reynoso.
En un revés institucional sin antecedentes, el Senado argentino rechazó las designaciones que el presidente Javier Milei realizó por decreto para nombrar a dos nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia. La oposición logró una contundente mayoría signada por la articulación de bloques de distintas fuerzas. Así, la Cámara Alta volteó los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla.
La votación reflejó el aislamiento legislativo del oficialismo: el pliego de Lijo fue rechazado por 43 votos contra 27, con una abstención; el de García-Mansilla cosechó 51 rechazos y apenas 20 apoyos. Ambos habían sido nombrados salteando al Congreso, dado que la Constitución estipula que el Ejecutivo debe reunir dos tercios de los votos del Senado para avanzar en el nombramiento.
En un contundente comunicado, la Oficina del Presidente repudió la decisión del Senado, al que definió como un "refugio de la casta política" convertido en "una máquina de impedir" que "tiene como único fin obstruir el futuro de la nación argentina".
La herramienta a la que había apelado el presidente —inédita en democracia— fue un decreto para designarlos "en comisión", una figura prevista para cubrir vacantes durante el receso legislativo.
Sin embargo, ese mismo artículo 99 inciso 19 de la Carta Magna no establece qué ocurre si el Senado rechaza luego esos nombramientos.
La situación de los candidatos era dispar. Lijo no llegó a asumir el cargo porque la Corte Suprema le negó la posibilidad de hacerlo sin renunciar a su puesto como juez federal —había solicitado una licencia—, por lo que, tras el rechazo del Senado, seguirá en su juzgado de origen. García-Mansilla, en cambio, ya juró y se incorporó al máximo tribunal el 27 de febrero. Desde entonces ejerce funciones como juez supremo y, según su propio descargo judicial, solo podría ser removido mediante un juicio político.
"El doctor va a seguir hasta el 30 de noviembre. Su designación es sin perjuicio de lo que resuelva el Senado", sostuvo en la previa de la sesión el jefe de Gabinete de Milei, Guillermo Francos.
La presencia del magistrado en la Corte ya tiene efectos concretos: está habilitado para intervenir en causas sensibles, como la revisión de la condena por corrupción a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el caso "Vialidad". Su voto podría inclinar la balanza en un tribunal actualmente reducido a tres miembros activos.
La figura de García-Mansilla quedó aún más expuesta luego de que se conociera una declaración suya ante el Senado en agosto de 2024, cuando afirmó que "no hubiera aceptado ser nombrado por decreto", en referencia a un intento similar del expresidente Mauricio Macri en 2015. Menos de seis meses después, aceptó ocupar un lugar en la Corte por esa misma vía.
Mientras tanto, en el juzgado federal de La Plata avanza una causa en la que se pide declarar la inconstitucionalidad de ambas designaciones en comisión. El expediente, que unificó tres presentaciones y está a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, podría resolverse en los próximos días a la luz del resultado legislativo.
La votación en el Senado marca un punto de inflexión en la relación entre el Congreso y el Ejecutivo. La oposición, pese a su fragmentación, ha demostrado capacidad de articular mayorías cuando se trata de frenar decisiones que considera institucionalmente riesgosas. El freno a los pliegos se suma al rechazo mediante el cual el mismo Congreso había echado por tierra un decreto presidencial para aumentar los "fondos reservados" de los servicios de inteligencia, que no rinden cuentas y cuyo destino se sospecha opaco.
Para el analista político Diego Reynoso, la decisión del Senado marca un punto de inflexión en la dinámica de poder entre el Ejecutivo y el Parlamento. "El rechazo fue categórico. Es un duro revés y un golpe fuerte para el Gobierno, que creyó que tenía margen para volver a esquivar al Congreso", sostuvo en diálogo con Sputnik.
El especialista interpretó la votación como un límite institucional que hasta ahora no había sido tan evidente. "El Senado puso un freno a lo que consideró como un atropello desde el Ejecutivo. En otro contexto, esto podría haberse dado en otro tono, pero hay un acumulado de intentos de esquivar al Congreso que generó resistencia", explicó.
Desde su perspectiva, la estrategia adoptada por la Casa Rosada no solo fue fallida, sino que podría haber tenido consecuencias más graves si los nombramientos se hubieran concretado siguiendo la vía institucional. "La política anticipa problemas de legitimidad. De haber asumido normalmente, se hubiese generado una impugnación constante a cualquier decisión de la Corte", advirtió.
Reynoso subrayó que lo que está en juego no es solo una pulseada entre poderes, sino el equilibrio del sistema: "La Corte es el árbitro de la República. Si es vista como un actor parcial o sesgado, se pone en riesgo toda la legitimidad de nuestra democracia".En su evaluación, "el camino que tomó el Gobierno se probó equivocado. Hubo un daño autoinfligido producto de un mal cálculo político".
Para Reynoso, el resultado de la votación en el Senado no solamente dejó expuesta la fragilidad parlamentaria del oficialismo, sino que marcó un virtual cambio de estrategia política del presidente Javier Milei."Esto abre una nueva etapa para el Gobierno, donde deberá hacer más esfuerzos para reunir apoyo. Ya no alcanza con el impacto de los primeros meses ni con la retórica de la confrontación", apuntó.
Uno de los elementos más significativos del rechazo fue la distancia que tomó el PRO —Propuesta Republicana, partido liderado por el expresidente Mauricio Macri (2015-2019)—, socio clave del oficialismo en el Congreso desde el comienzo de la gestión. "Esto expone una fractura con el PRO, que ha sido sin dudas su principal aliado político durante todo este tiempo", sostuvo el analista.
Según el experto, la maniobra de designar jueces por decreto no solamente tensó los vínculos institucionales, sino que también chocó con el humor social. "Más del 70% de la opinión pública se ve reacia hacia este tipo de medidas, que lucen bastante opacas por la irregularidad", remarcó.
Sputnik