El Gobierno de Milei disolvió la estructura de espionaje de Argentina y dividió su funcionamiento en cuatro oficinas que reportarán directamente al mandatario. El Ejecutivo denunció que el sistema fue utilizado para 'actividades espurias como el espionaje interno'.
La reestructuración del funcionamiento del Estado nacional avanza a paso firme en Argentina. El presidente Javier Milei decidió eliminar por decreto la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y reemplazarla por una nueva estructura de cuatro dependencias nucleadas en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), el mismo nombre con el que los servicios de espionaje funcionaron desde su creación en 1946 hasta 2015.
"Esto refuerza el poder del núcleo íntimo del presidente", dijo a Sputnik el analista Raúl Kollmann.
El Gobierno justificó la decisión alegando la "desnaturalización del rol de la agencia de inteligencia": "Lejos de poner sus recursos al servicio de la protección del pueblo argentino, el organismo fue utilizado para actividades espurias como el espionaje interno, el tráfico de influencias y la persecución política e ideológica", reza el comunicado de la Oficina del Presidente.
El flamante esquema consta de cuatro oficinas independientes entre sí: el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), responsable de la coordinación con agencias de inteligencia internacionales; la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), a cargo del seguimiento de delitos federales como el terrorismo; la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC), guardiana de los archivos del Estado; y la dependencia de Asuntos Internos, auditora de los recursos de las tres mencionadas.
La estructura montada diluye el poder de los responsables de cada una, de los despachos y entroniza al director de la SIDE como nuevo mandamás —prácticamente omnipotente— del servicio secreto argentino. El 'señor 5', como se conoce al jefe de los espías, manejará a discreción los fondos reservados de la secretaría: se trata de los recursos no auditables destinados a operaciones especiales, señalados históricamente como fuente de operaciones políticas con fines espurios.
El nuevo director de la SIDE es Sergio Neiffert, hombre del riñón de Santiago Caputto, mano derecha de Milei —y sobrino del ministro de Economía Luis Caputo— quien ejerce una insoslayable influencia en el dispositivo gobernante pese a no contar con mayor cargo que el de asesor de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, hermana del mandatario.
La SIDE fue creada en 1946, durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón (1945-1955; 1973-1974), concebida como una herramienta de inteligencia de dirección civil, independiente de las estructuras militares preexistentes. La agencia fue modificada en 2015 tras la muerte de Alberto Nisman, fiscal que investigaba el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) ocurrido en 1994, que dejó un saldo de 85 muertos y que constituye el mayor ataque terrorista que sufrió Argentina en su historia.
Bajo sospecha de la presunta participación de los servicios de espionaje, la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) decidió desmontar el sistema para quitar poder a los agentes. Así cerró la SIDE y nació la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), con menor poder que su antecesora en diversas áreas como la de las escuchas telefónicas, que quedaron bajo el control de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el máximo tribunal del país.
La elección de la fecha para la modificación de los servicios de inteligencia no es casual: se dio en la víspera del 30° aniversario del atentado a la AMIA, crimen que continúa impune y que expuso la espuria connivencia entre el sistema de espionaje y la justicia. De hecho, los responsables a cargo de la SIDE al momento del ataque fueron llevados a la Justicia, acusados por encubrimiento.
"Lo primero a decir es que este es un cambio irregular: por ley, el jefe de inteligencia debe ser nombrado por el Congreso, al igual que los jueces. Que haya sido llevado a cabo por decreto da cuenta de lo sensible de la medida", dijo a Sputnik el periodista de investigación y analista político Raúl Kollmann.
Según el experto, la medida "le quita control al Parlamento, sobre todo el aparato de inteligencia, porque sus autoridades no fueron electas por el Poder Legislativo. Básicamente, la decisión apunta a reforzar el poder del núcleo íntimo del presidente, sobre todo del asesor Santiago Caputo".
De acuerdo al especialista, la subdivisión del entramado de espionaje debilita a una entidad ya de por sí afectada estructuralmente: "los sistemas de inteligencia modernos requieren de mucho profesionalismo, y eso implica inversión y desarrollo, de lo cual Argentina carece", precisó. En virtud del explícito alineamiento geopolítico de la administración Milei hacia Estados Unidos, Kollmann advirtió que "probablemente la inteligencia ahora pase a ser más dependiente de la CIA norteamericana".
"Estamos en un contexto mucho más sensible a nivel internacional que hace unos años, sobre todo a raíz del conflicto entre Israel y Hamás. Desde el punto de vista de la investigación de peligros a la Argentina, se le entregará más poder a Washington, sobre todo porque se ha desarticulado la idea de los profesionales de inteligencia", apuntó el investigador.
A pesar de las especificidades de los anuncios dispuestos, el argumento de fondo es atendible: el opaco funcionamiento de los servicios secretos y su vinculación con la política y la justicia.
Consultado al respecto, Kollmann sostuvo que "el sistema de inteligencia ha manejado una cantidad enorme de dinero utilizada con fines ilícitos. Es por eso que se necesita una agencia de inteligencia homogénea y controlada por el Congreso para evitar prácticas espurias".
"Durante el Gobierno de Alberto Fernández, el 80% de los fondos de la Agencia Federal de Inteligencia dejaron de ser reservados justamente para desmantelar estas prácticas. Ahora este manejo volvió a ser discrecional y opaco", afirmó el analista.
El problema no es solo de forma sino también de fondo. Las irregularidades en la administración de los recursos han convivido con una flagrante negligencia en las funciones. El caso paradigmático es el del citado atentado a la AMIA: según Kollmann, "los servicios fallaron en la prevención, en la investigación y en el seguimiento del crimen, en connivencia con la Justicia. Eso explica que se cumplan 30 años de impunidad".
"La investigación fue un desastre: no se averiguó de donde salieron los explosivos, ni quién compró la camioneta utilizada para el ataque, ni cómo ingresaron los terroristas a las inmediaciones del edificio. Los servicios de inteligencia han desempeñado un papel absolutamente deplorable, y por eso la modificación de su estructura es urgente", apuntó el experto.
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