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Arde la interna en la Unión Europea por el caso Khashoggi

La desaparición del periodista saudí Jamal Khashoggi sigue rebotando en el globo. El asesinato del corresponsal del Washington Post ha puesto en evidencia todo el entramado de alianzas económicas y militares, de la monarquía de Bin Salman, con las principales potencias imperiales. ¿Viktor Orbán llamará a Donald Trump pidiéndole ayuda?

 

Periodistas asesinados. Justicia amenazada por el poder político. Prohibición de la indigencia. La Unión Europea de los 28 tiene agujeros negros: países en los que la libertad de prensa y los derechos civiles están en jaque; en una comunidad en la que la real politik parece ser más importante que el respeto de los derechos humanos: aún, después del asesinato del periodista Jamal Khashoggi a manos, presuntamente, de agentes del Gobierno de Riad en su embajada en Estambul no se ha producido una decisión unánime contra Arabia Saudí en relación con la polémica venta de armas, por ejemplo –decisión tomada, de momento, sólo por Alemania y reclamada por el Parlamento Europeo–, en la que están involucrados países como España.

Khashoggi murió a las puertas de la UE. Pero en el último año han muerto asesinados tres periodistas dentro de las puertas de la UE. Daphne Caruana Galizia estaba investigando la corrupción del Gobierno maltés cuando fue asesinada el 16 de octubre de 2017. La periodista Viktoria Marinova, fue asesinada el 6 de octubre en Bulgaria. Y el 21 de febrero murió en Eslovaquia Jan Kuziak.

Caruana Galizia había indagado durante años en la corrupción del Gobierno maltés –fue la primera en publicar los vínculos con los Papeles de Panamá– y fue asesinada con un coche bomba cerca de su casa, mientras que Kuciak fue asesinado en febrero de este año junto a su novia cuando investigaba casos de corrupción.

“Europa debe reflexionar un instante sobre aquello que tanto apreciamos, nuestro derecho a expresarnos libremente”, afirma una declaración conjunta del vicepresidente primero Timmermans, del vicepresidente Ansip y de las comisarias Jourová y Gabriel: “Queremos saber toda la verdad. Debemos enviar un claro mensaje a todos los periodistas: es seguro trabajar en Europa. Si se silencia a los periodistas, también queda muda la democracia. Esto no sucederá en Europa. No bajo nuestro mandato”.

En la última clasificación de Reporteros Sin Fronteras sobre la libertad de prensa, recuerda Pascual Serrano en un artículo en eldiario.es, Bulgaria –donde fue asesinada Marinova– figura en el puesto 111º sobre 180 países, el peor de la UE con diferencia. La República Checa está en plena caída libre,  según la última clasificación mundial, y también Hungría y Polonia han retrocedido.

Como explica Pascual Serrano, en la República Checa, su primer ministro, el derechista y xenófobo Andrej Babiš, tiene el control de los dos principales periódicos del país (Lidové noviny y Metro, que en conjunto tienen más de un millón de lectores checos al día) además de dos emisoras de radio (Radio Impuls, que cuenta con la mayor audiencia del país) y tres cadenas de televisión a través del holding Afrofert, del que es fundador y propietario.

Pobres prohibidos

La Comisión Europea ha anunciado que comenzará una investigación sobre las leyes húngaras recién aprobadas que prohíben a los indigentes dormir en la calle. Quiere determinar si compatible con la normativa de la Unión Europea (UE). “Estamos siguiendo, no sin preocupación, el desarrollo de las propuestas aprobadas en Hungría”, aseguró el portavoz de Justicia de la CE, Christian Wigand, quien señaló: “No podemos dar la espalda a nuestros valores y nuestros principios”.

Wigand recordó que Hungría, junto a los demás Estados miembros de la UE, se comprometió a cumplir con el Pilar Europeo de los Derechos Sociales, en el que se recoge la obligación de “dar refugio y servicios a los indigentes para promover la inclusión social”.

La conocida como ley “Detengamos a Soros” contó con el apoyo de 160 de los 178 diputados presentes en la cámara baja de Hungría y prohíbe prestar cualquier tipo de ayuda a inmigrantes ilegales, una acción que pasará a ser considerada como infracción por el Código Penal.

Esta última ley llega después de que se aprobara en el Parlamento Europeo un informe que determina que el Gobierno de Viktor Orbán abandona a las mujeres víctimas de violencia machista; quiere un país sin inmigrantes; viola la independencia universitaria, ataca la libertad de prensa y se reparte entre los familiares del primer ministro las ayudas económicas que llegan de Bruselas.

El  informe redactado por Judith Sargentini (Verde/ALE) fue aprobado por la mayoría del Parlamento Europeo y cuenta con el apoyo de la Comisión Europea. De los 693 votos emitidos, ha habido 48 abstenciones; 197 votos en contra y 448 votos a favor. En aquella votación, los de Pablo Casado se rompieron: tres diputados votaron con la extrema derecha; nueve se abstienen y cuatro se ausentan.

Quienes cerraron filas con Orbán fueron los grupos con partidos nacionalistas, xenófobos y de extrema derecha; el Grupo de la Europa de las Naciones, donde está la Liga de Salvini; o el de los Conservadores y Reformistas, donde está el gobernante polaco Ley y Justicia, encantados con el discurso de Orbán y a quien señalan como referente en un claro intento de conformar un frente que aglutine a la extrema derecha desperdigada tras las elecciones de mayo.

Jueces

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)  ha dictado un fallo que obligará a Polonia a dar marcha atrás en su reforma judicial tal y como reclamaba la Comisión Europea, una decisión sin precedentes que Varsovia se ha comprometido a evaluar cuando la reciba formalmente. Los jueces de Luxemburgo han ordenado a Varsovia que suspenda de forma cautelar su polémica reforma del Tribunal Supremo en lo que se refiere a la reducción de la edad de jubilación de los magistrados de esta corte.

El tribunal europeo ha admitido la petición de la Comisión Europea, que al llevar este asunto ante el TJUE el pasado 24 de septiembre pidió a los jueces “medidas cautelares” para “restaurar” el Supremo polaco a la situación en la que estaba antes del pasado 3 de abril, cuando se aprobó la nueva normativa.

La ley que preocupa a Bruselas reduce la edad de jubilación de los jueces del Tribunal Supremo desde los 70 años a los 65, un cambio que pondría a 27 de los 72 magistrados en riesgo de ser obligados a retirarse anticipadamente, y afectaría también a la presidenta de esta corte.

Establece, además, que los jueces que deseen continuar en el cargo deberán expresar su voluntad de hacerlo al presidente polaco, Andrzej Duda, vinculado al partido gobernante, el nacionalista y conservador Ley y Justicia, quien podría renovarles su mandato por tres años más.

La Comisión considera que esta legislación pone en riesgo la independencia del poder judicial polaco y la separación de poderes que garantizan los tratados comunitarios, con lo que es “incompatible” con el derecho europeo.

En su remisión al TJUE, Bruselas solicitó la suspensión cautelar de las medidas, algo que solo puede decretar el juez en el caso de que la concesión esté justificada y que sea “urgente”, es decir, que tenga el fin de “evitar un perjuicio grave e irreparable a los intereses” de la UE.

La corte europea considera la petición justificada y ve válido el requisito de la urgencia, ya que, señala, la ley ya ha empezado a aplicarse y se ha jubilado de manera anticipada a “un número importante de jueces del Supremo”.

Junto al incremento paralelo del número total de jueces de esta corte, “esto supone una recomposición profunda e inmediata del Tribunal Supremo”, y, en el caso de que el TJUE acabara estimando el recurso de la Comisión, todas las decisiones del Supremo “se habrán adoptado sin las garantías inherentes al derecho fundamental (…) a un juez independiente”.

La suspensión parcial y cautelar de la reforma supone un revés judicial a nivel europeo tras las advertencias de Bruselas, que ya ha iniciado un proceso legal contra Varsovia por sus polémicas reformas de la judicatura, una medida que podría desembocar en la retirada a Polonia de su derecho de voto en el Consejo de la Unión, donde están representados los países.

El partido gobernante en Polonia, la fuerza nacionalista Ley y Justicia, mantiene desde 2015 una intensa disputa con Bruselas por sus polémicas reformas, entre ellas la del sistema judicial, que tiene su último capítulo en la norma que reforma la estructura del Supremo.

La Comisión Europea activó el pasado mes de diciembre el artículo 7 de los tratados comunitarios contra Varsovia, la primera vez que se usaba este mecanismo desde su creación, para pedir al Consejo que determine si hay un “riesgo claro de violación seria del Estado de derecho” en este país.

Desde entonces, el Consejo, la institución que representa a los países de la UE, ha mantenido dos audiencias con miembros del Gobierno polaco para abordar este asunto, en las que la situación no ha progresado.

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