La paz, la coca y las promesas incumplidas de Santos

Los acuerdos bilaterales entre los gobiernos de Colombia y EE.UU en materia anti-drogas se consolidaron con el Plan Colombia, suscrito en 1999 durante las administraciones del presidente colombiano Andrés Pastrana y Bill Clinton con tres objetivos específicos: generar una revitalización social y económica, terminar el conflicto armado en Colombia y crear una estrategia antinarcóticos. Sin embargo, el trasfondo geo-político de este acuerdo fue la protección de los yacimientos de petróleo, la modernización del Ejército colombiano, garantizar la extracción de minerales y la inversión privada norteamericana.

Desde la imposición de este acuerdo bilateral, se implementan políticas estatales anti-drogas de carácter contra insurgente, que al día de hoy no han solucionado de raíz el conflicto social que ha obligado al campesinado a cultivar coca y en el mandato de Santos ha aumentado este cultivo en el territorio colombiano.Se puede decir que fue un fracaso toda esa política anti-drogas. ¿Qué la ha quedado al campesinado? Movilizarse y organizarse para defender la soberanía alimentaria, la autonomía como sector social y los ejercicios de gobierno propio implementados en los territorios ¿Qué recibe por parte del Estado y el gobierno nacional? Falta de voluntad política para resolver las causas del conflicto social, tratamiento de guerra y un segundo éxodo campesino, como el sufrido en el régimen de Uribe.

En la VI asamblea nacional del Coordinador Nacional Agrario en San Alberto (César) se mandató trabajar en el área de cultivos de coca, pero no para defender este cultivo, sino para defender la permanencia en el territorio de este sector campesino; pues la postura es cambiar paulatinamente la coca por cultivos alternativos de manera concertada con el Estado, de la mano de inversión social en estos territorios. En ese sentido, se viene reuniendo las experiencias en las comunidades cultivadoras de coca para construir una línea nacional que permita generar espacios de movilización, que contribuya a la defensa del territorio, al reconocimiento del campesino como sujeto social y político, de las figuras territoriales como el Territorio Campesino Agro Alimentario (TECA) con un enfoque de vida y paz.

En la Cumbre Agraria, Étnica y Popular se le ha dicho al gobierno nacional sobre la despenalización de las personas que trabajan la coca como también la alternatividad de no judicializar a los campesinos que se ven obligados a cultivar coca por medio de la concertación. Esta ruta planteada desde el movimiento social existe antes de la mesa de negociación de La Habana. Desde esta mesa, se contempló un 50%de restitución y un 50% de erradicación, pero el gobierno hizo énfasis en esta segunda parte con mayor pie de fuerza sin completar el resto del acuerdo, dejando al campesinado cultivador de coca, sin soluciones y sin mejores condiciones de vida.

Paradójicamente Juan Manuel Santos se autoproclama como el presidente de la paz, cuando en su gobierno siguen los asesinatos y persecuciones a líderes sociales, defensores de derechos humanos, desplazamientos, judicializaciones, señalamientos y dilaciones a los acuerdos llegados con los diferentes sectores movilizados, como las comunidades afro de Buenaventura y Chocó, los profesores y profesoras del Magisterio, hasta con la misma FARC. Este es un gobierno que se especializó en incumplir los acuerdos y en mentirle al pueblo y al mundo.

¿Qué dicen los territorios donde sobreviven con la mata de coca?

El cultivo de coca llegó a los territorios empobrecidos, con situaciones críticas por la agudización del conflicto social y armado. Siendo víctimas sus habitantes de los estragos de la política antidroga estatal, la cual no ha solucionado de raíz los problemas de estas comunidades. Por lo que desde estos sectores se le ha dicho reiteradamente al Estado que requieren inversión social, en salud, educación, carreteras, mejores condiciones de vida, la cancelación de los Tratados de Libre Comercio (TLC) que permiten la entrada de agrotóxicos utilizados en la creación de la cocaína.

Mientras se llega a una solución estructural de esta realidad, el campesinado en estos territorios ha resistido por medio de la participación y organización en Juntas de Acción Comunal, las asociaciones, organizaciones sociales locales y nacionales, junto a manuales de convivencia, foros, reuniones, la implementación de las guardias campesinas donde las personas toman conciencia y se apropian del territorio. Esta ha sido la manera de enfrentar las distintas violencias que el Estado impone donde se cultiva coca, porque no hay garantías de tranquilidad ni paz donde la única presencia estatal es por medio del pie de fuerza.

Ahora que se acerca el cambio de gobierno nacional y de congreso, las comunidades cultivadoras de coca ven lejana el cambio de su realidad, porque con Santos no se cumplió nada de lo acordado en La Habana ni con la Cumbre Agraria, menos con el nuevo presidente que llegue porque las incertidumbres son muy grandes al oír las propuestas de los candidatos. Pero lo que si es claro para el campesinado cocalero y colombiano en general, es que la movilización seguirá siendo la forma legítima de defenderse del Estado y exigir cumplimiento al gobernante que vaya vivir en la Casa de Nariño.

 


Fuente: Coordinador Nacional Agrario (CNA), Colombia

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