Juicio a catalanes independentistas - España - Fuente foto El Confidencial - Data Urgente

España oscila entre la farsa judicial y un gobierno sin presupuesto

“Es un proceso contra la disidencia política”, “una causa general”, un “juicio farsa” en que “se han vulnerado todos los derechos de la Constitución” y en el que además han tratado a los imputados “peor que a terroristas”, fueron algunos de los alegatos que presentaron los abogados defensores de los 12 políticos independentistas catalanes que serán juzgados en el Tribunal Supremo español por los delitos de rebelión, malversación de fondos públicos y desobediencia. 

Por Armando G. Tejeda

El primer día del juicio histórico inició con algunos incidentes en Cataluña, como cortes de carreteras y calles de Barcelona y con ataques a las sedes de partidos políticos unionistas por parte de grupos radicales independentistas.

La sede del Tribunal Supremo español fue el escenario del juicio que marcará un antes y un después en la política española y en la relación del Estado con Cataluña, hoy una comunidad autónoma con un Estatuto propio, pero que aspira a convertirse en una República independiente. Los doce imputados -nueve de ellos en prisión desde noviembre del 2017- llegaron a la sede judicial en sendos vehículos de la Guardia Civil, rodeados de un fuerte dispositivo de seguridad.

En las calles aledañas había un pequeño grupo de independentistas catalanes -unos 60- que se concentraron detrás de una pancarta que rezaba “Decidir no es delito” y que encabezaban el presidente catalán, Quim Torra, y el presidente del Parlamento regional, Roger Torrent, ambos separatistas. En Barcelona los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR´s) habían bloqueado calles y carreteras y habían atacado sedes del Partido Socialista de Cataluña (PSC), que volvió a ser víctima de ataques de los grupos ultras del sector separatista.

En el banquillo de los acusados se sientan el ex vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, la ex presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, ocho ex consejeros y dos líderes civiles independentistas, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, que podrían ser condenados a penas de hasta 40 años de cárcel.

La primera sesión del juicio se centró en lo que se denominan las “cuestiones previas” y que se sirvió para que cada uno de los abogados defensores expongas sus argumentos y sus peticiones concretas, en las que hubo desde una enmienda general al conjunto del proceso -que todos ellos tildaron de “causa general” y hasta “farsa”- hasta peticiones más específicas, como se declare la libertad provisional -ya rechazada en varias ocasiones- o las horas de las sesiones, al considerar que sus defendidos tendrían que levantarse muy temprano para acudir desde las prisiones donde se encuentran hasta la sede judicial, que está a algo menos de una hora de distancia.

El primero en intervenir y quizá el más severo con el Alto Tribunal y con el conjunto de la justicia española fue el abogado defensor de Junqueras, Andre van den Eynde, que señaló a los magistrados de “vulnerar todos los derechos de la Constitución española” y de tratar a su defendido y a sus compañeros de causa “peor que a terroristas”. Y advirtió que “los derechos políticos son los que te convierten en ciudadano. Cuando te privan de esos derechos estamos yendo al terreno del enemigo, del que no puede opinar, no puede votar”. Además señalaron a cuatro magistrados de no poder formar parte de la Sala por una supuesta incompatibilidad, que también ya fue resuelta a favor de los jueces.

El abogado de Joaquim Torra -quien era Consejero de Interior durante la declaración unilateral de independencia-, Javier Melero, advirtió que “estamos ante un juicio penal, nada más y nada menos, en el que la única prueba que existe contra mi cliente son los atestados policiales elaborados por la Guardia Civil. Eliminados estos atestados, poca cosa más nos queda”. En términos similares se expresaron el resto de abogados, que también alegaron una trama “política” y una “vulneración sistemática de derechos” de sus representados.

Presupuesto en el aire

Al mismo tiempo que se desarrollaba el juicio en el Tribunal Supremo, en el Congreso de los Diputados se celebraba el debate de los presupuestos generales, que definirán el futuro inmediato del país. El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, tiene muy difícil aprobar sus cuentas públicas en la votación de este miércoles, al contar únicamente con el respaldo de su propio grupo, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Unidos Podemos y el Partido Nacionalista Vasco (PNV), que serán insuficientes. Con sendas enmiendas a la totalidad, los independentistas catalanes de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts per Catalunya condicionaron su respaldo al presupuesto a que se autorice la celebración de un referendo de autodeterminación. Con este escenario se prevé que el presidente Sánchez tenga que adelantar las elecciones generales, que supondría la disolución de las Cortes y una previsible cita electoral para el 14 o 28 de abril.


Fuente de origen: Con información de Diario La Jornada en Línea


Créditos de Data Urgente

Producción de la noticia: Lourdes Zuazo

Titular de redifusión: Hernán Giner

Edición general, planificación y gestión digital: Hernán Giner

Dirección del proyecto: Sebastián Salgado


 

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