El servicio de alguaciles de Estados Unidos, es la agencia federal más antigua de ese país. Aquellos legendarios Sheriff del “lejano oeste”, que, con pistola en mano, decidían la suerte de quién pasara por sus polvorientos pueblos, hoy llegan al mayor aeropuerto argentino.
El Juez Federico Villena, quién fue trasladado a Lomas de Zamora en el mismo inicio del Gobierno de Mauricio Macri, está a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1, que abarca al aeropuerto Internacional de Ezeiza. Villena, quién no ha podido explicar el origen de los fondos con los que adquirió su último inmueble con un valor cercano al millón de dólares, autorizó la solicitud de la “Unidad de Bienes Personales, División de confiscación de bienes del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos”, para la contratación de una firma comercial con sede en Ft. Lauderable, Estado de La Florida, bajo pretexto de realizar “Tareas de mantenimiento”, en la aeronave Boeing 747-300, Matrícula YV3531, propiedad de la Empresa Venezolana EMTRASUR, secuestrada desde el 8 de junio de 2022 en Argentina.
La empresa en cuestión, contratada por los alguaciles estadounidenses, a los que el Juez Federal Villena dio entrada en Ezeiza, violando la jurisdicción de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), se especializa en incautación de aeronaves, con autorización para su posterior venta o desguace, pero no está capacitada para ningún tipo de mantenimiento.
Los vínculos del Juez con la Embajada de Estados Unidos, confirman el motivo del engaño que sufrió al tripulación venezolana e iraní sobre la posibilidad de que la aeronave podía cargar combustible en Uruguay, para luego negarles el acceso al espacio aéreo de ese país y tener que aterrizar en Buenos Aires con el tanque literalmente vacío. La operación del secuestro, necesitaba mover el avión desde la provincia de Córdoba donde estaba, a Ezeiza, para que cayera en las manos de Federico Villena. La aeronave, que ya había sido revisada por las autoridades locales, sin encontrar ninguna irregularidad en la carga que había declarado, está al servicio humanitario, del bloqueo que afecta directamente a la población venezolana en su conjunto. Sin embargo, las autoridades argentinas parecen dispuestas a asumir este robo.
Así mismo, la empresa contratada por el servicio de alguaciles de Estados Unidos, ha sub contratado a una licenciataria de Shell en Argentina, (empresa que ha generado hace 24 años el derrame de petróleo más grande del mundo en aguas dulces, sobre las costas del Rio de La Plata en la ciudad ribereña de Magdalena, por lo que nunca pagó ninguna indemnización) para cargar combustible en el Boeing venezolano. Lo anterior, aunque el servicio de suministro de combustibles a los aviones de CONVIASA, que cubrían la ruta Maiquetía- Ezeiza, siempre les fue negado en Buenos Aires.
A febrero del 2023 los técnicos de EMTRASUR, no tienen acceso a la aeronave para conocer su condición real y son sólo los alguaciles de Estados Unidos, quienes tienen la llave del hangar, entregada por el Juzgado de Lomas de Zamora. Es la continuidad de lo que fueron más de tres meses de retención, de la tripulación de la aeronave, sin ningún proceso legal que respaldara la prohibición de abandonar la Argentina.
Un mecanismo de agresión directa al Gobierno de Nicolás Maduro, quién se vio incluso en la imposibilidad de asistir presencialmente a la Cumbre de la CELAC en Buenos Aires, cuando el Gobierno de Alberto Fernández no ofreció las garantías necesarias, antes las constantes amenazas de grupos fascistas argentinos contra su persona.
Por Sebastián Salgado.
