La vivienda digna será tratada en el Congreso

La ley de Producción Social Autogestionaria de Hábitat Popular, ya tiene estado parlamentario y se espera su tratamiento para antes de fin de año. El proyecto impulsado por el diputado Nacional, Edgardo Depetri, promueve planes de vivienda autogestivos y contempla su ejecución mediante cooperativas y asociaciones civiles sin fines de lucro, como entidades administradoras de los recursos. El texto incluye a los inmuebles ociosos y pone al Estado a trabajar directamente con las organizaciones.

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Aunque en Argentina rigen dos normas, una el la Ciudad: la Ley 341 y otra en la provincia de Buenos Aires: la 14.449, y ambas garantizan el acceso digno a la vivienda, el déficit habitacional sigue siendo una de las problemáticas sin fin en nuestro país.

En este caso, el nuevo proyecto, nacionaliza esas dos. En su articulado busca crear, con independencia autárquica, el Instituto de Producción Social Autogestionaria, que será el órgano ejecutor estatal de las Unidades Sociales de Producción Autogestionarias (Uspas) conformado por las organizaciones sociales. También se deberá confeccionar un fondo público que abarcará: recursos financieros, propiedades aportados por el futuro Banco de Inmuebles, materiales básicos y tecnología.

En CABA, la Ley 341, sancionada hace 16 años, asegura, en teoría, desde la compra o la construcción viviendas “económica unifamiliar o multifamiliar”, hasta obras destinadas a la ampliación o refacción del hogar. Denunciado infinidades de veces por subejecutar el presupuesto, el ente estatal regulador de esta política pública fue y es el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC).

Por su parte, la Ley provincial bonaerense, impulsada por la diputada Alicia Sánchez, contempla íntegramente el suelo urbano, las villas y asentamientos, y aunque fue creada y acompañada por las organizaciones sociales, la necesidad de una norma nacional, es un pedido de esas misma entidades populares.

Por lo tanto, el texto del proyecto de Producción Social Autogestionaria de Hábitat Popular (Psahp) descarta la vivienda como mercancía o bien de cambio y la comprende como un derecho humano. El objetivo es planear en la primer etapa la resolución autogestionaria 20.000 viviendas anuales.

De esta manera, el Estado se convierte en garante de ese derecho habitacional y deberá efectuar la recuperación de los bienes inmuebles ociosos privados y fiscales, los suelos y edificios, mediante la compra o la expropiación. Otro punto clave, es la regularización dominial de las viviendas ocupadas, que luego terminan con los allanamientos judiciales y los posteriores desalojos.

También se creará un fondo para la Psahp y una “Comisión Biactoral de Estado” para la planificación, monitoreo y evaluación, que se sumará a examinar los procesos.

 

Caminando barrios

Semanas atrás, los diputados nacionales Edgardo Depetri (FpV), Silvia Hornes (Peronismo para la Victoria) y Nicolás Massot, (Cambiemos), junto a otros funcionarios, visitaron dos experiencias cooperativas de viviendas, una en La Boca y otra en Barracas. Los legisladores compartieron la tarde con los referentes de las organizaciones sociales.

El compromiso, según lo planteado en diferentes reuniones, es obtener próximamente el dictamen en la Comisión de Vivienda que preside Depetri y que la ley sea sancionada en el recinto, con acompañamiento del PRO, antes de que termine al año.

Autor : Erika Silva

 

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