Nuevo asedio de la policía boliviana a la Embajada de México

Más de 200 efectivos policiales rodearon durante horas la sede diplomática donde se encuentran asilados desde noviembre siete funcionarios del gobierno de Evo Morales. Un nuevo capítulo de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en la Bolivia golpista.

Por Mariano Vázquez | Durante la tarde del domingo comenzaron a circular en redes sociales fotografías de un ostensible operativo policial en las inmediaciones de la residencia de la embajada de México, en la zona Sur de La Paz. Allí se encuentran asiladas desde noviembre de 2019 siete ex autoridades del gobierno de Evo Morales a las que el administración de facto les niega salvoconductos.

Ante esta situación, la cuenta de Twitter de la Embajada de México en Bolivia informó: “El día de hoy (por el domingo) se registró un movimiento policial inusual en los alrededores de la Residencia de México en Bolivia. Después de conversar con las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, quienes aseguraron la integridad del recinto conforme al Derecho Internacional, la policía se retiró”.

Canal Abierto accedió a la orden policial que dispone “operaciones policiales de rastrillaje en inmediaciones de la Residencia de México”. En ella se informa que tal maniobra se desarrollará “el domingo 14 de junio de 2020, a horas 16.30”. El “memorándum circular fax No. 130/2020” contiene además un anexo denominado “Áreas de Rastrillaje Residencia de México” del que participarán seis “sectores” de la policía boliviana: “Alfa”, “Bravo”, “Charly”, “Delta”, “Eco” y “CPU motorizado y búsqueda y localización – canes en todos los sectores”. El total de las fuerzas movilizadas fue de 220. También consigna los pertrechos: “Chaleco antibalas, chaleco reflectante, balero policial, arma de reglamento, bastón, manillas, silbato, linterna, barbijo, guantes, lentes de protección, y otros accesorios”. 

No es la primera vez que el régimen surgido del golpe de estado del 10 de noviembre de 2019 intimida con presencia policial a la sede diplomática mexicana. Cabe recordar que en diciembre fue acechada por decenas de policías, lo que llevó a la Cancillería de México a recordar que el artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas establece que «los locales de la misión son inviolables». Hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció en aquellos días: «Esperemos que se recapacite y que se respete el derecho de asilo y que se aleje cualquier tentación de tomar o vulnerar nuestra soberanía al querer penetrar en la embajada de México en Bolivia. Eso no lo hizo ni Pinochet, yo espero que prevalezca la sensatez”, sostuvo.

La Convención Americana de Derechos Humanos establece que “toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los convenios internacionales”.

Esta nueva torpeza hizo aflorar las contradicciones al interior del gobierno, que dio tres versiones distintas sobre el hecho.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, a través de su cuenta de Twitter escribió que “en el sur paceño se realizan operaciones rutinarias de seguridad, por ahí se inquieten tbn PRÓFUGOS que nos robaron el voto popular, fabricaban bombas para tacar al pueblo, manipulaban el órg electoral para el fraude, manejaban la justicia vendiendo cargos. #NO lo olviden” (sic).

Su par de Régimen Interior, Javier Issa, señaló en declaraciones a Página Siete que como “no se tiene forma de confirmar quiénes están adentro” el operativo apuntaba

a despejar las dudas sobre si las exautoridades aún estaban en sede diplomática.

Finalmente, el jefe de Seguridad de la Residencia de México, Nelson Bozo, explicó al canal estatal Bolivia TV: “Hicimos la búsqueda y el control de exautoridades que tienen mandamiento de aprehensión”.

Este acontecimiento ocurrió en plena campaña internacional por la liberación de los ex ministros de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, de Defensa, Javier Zavaleta, de Gobierno, Hugo Moldiz Mercado; de Justicia, Héctor Arce; de Culturas, Wilma Alanoca; también del exgobernador de Oruro, Víctor Vásquez y del exdirector de Agencia de Tecnologías de Información, Nicolás Laguna.

Este no es un hecho aislado, es parte de la política represiva del golpe continuado que padece Bolivia desde hace siete meses. Como denunció la Defensoría del Pueblo: “La vigencia de los tratados de Naciones Unidas se encuentra amenazada por la sistemática conducta gubernamental de violación de derechos humanos, que dejó 35 muertos, 833 heridos y 1.504 arrestos”. Persecución indiscriminada, represión estatal, censura de prensa, nepotismo, corrupción, aliento a grupos de choque racistas para amedrentar a la población, exilio forzado de cientos de funcionarios y allegados al expresidente Morales, son las características estructurales de esta gestión. Por eso Bolivia ya recibió 239 recomendaciones del Examen Periódico Universal (EPU), que analiza los expedientes de derechos humanos de los Estados miembros de las Naciones Unidas.

Por lo tanto, este asedio a la embajada constituye un nuevo capítulo de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en la Bolivia golpista. 

Fuente de origen: Canal Abierto

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