Ensayo de golpe suave en Bolivia copia formato probado en Nicaragua

«Como las Fuerzas Armadas no pueden sumarse al golpe de Estado, usan a jóvenes pagados para atentar contra las campañas del MAS (…) ¿Quiénes son los antidemócratas en Bolivia? ¿De dónde vienen y qué preparan?».

Estas fueron parte de las declaraciones que diera el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, luego de los eventos violentos ocurridos el pasado jueves 12 de septiembre en el departamento de Santa Cruz, cuando una actividad política organizada por militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) se cruzó con grupos irregulares identificados con las plataformas de oposición 21F y la Unión Juvenil Cruceñista.

En medio de la campaña electoral presidencial y con los incendios de La Chiquitania como telón de fondo, los seguidores del mandatario boliviano en Santa Cruz, decidieron organizar la «tarde azul» en varias redomas de un sector denominado el segundo anillo, con el objetivo de recaudar recursos y apoyo logístico que serían enviados al frente de acción en los focos de quema, para colaborar con los bomberos, policías y voluntarios en la recuperación de las reservas forestales.

Esta iniciativa fue boicoteada por sectores violentos convocados por la derecha nacional, que escalaron los choques en los puntos de encuentro de los masistas, yendo luego hacia las sedes del partido, dañando sus instalaciones y siendo incendiada una de ellas.

La jornada tuvo un saldo de ocho heridos, entre ellos una mujer embarazada, un joven con traumatismo en la cabeza y varios policías lastimados, según lo informado por el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

Estos días Santa Cruz ha sido epicentro de hechos de violencia promovidos por la oposición, dejando varias casas del partido MAS destruida y personas lesionadas (Foto: APG)

El enfrentamiento es el primero de gran magnitud que se registra desde que se activara la encarnizada campaña en redes sociales bajo la etiqueta de #SOSChiquitania, la cual congregó a activistas ambientales e influencers en una narrativa con claros ragos de orquestación: señalar al presidente Morales como responsable de los incendios.

El lenguaje utilizado en esta campaña estaba especialmente elaborado para cooptar a los jóvenes bolivianos, un actor que será decisivo en las elecciones presidencial del próximo mes de octubre.

El nivel de violencia de los disturbios solo es equiparable a las manifestaciones convocadas durante el intento de golpe de Estado de 2008, en el marco de una agenda claramente sececionista, que tuvo como centro Santa Cruz, al igual que en Pando, Tarija y Beni.

En esa ocasión, se determinó que hubo financiamiento por parte de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a los partidos y organizaciones no gubernamentales que protagonizaron el intento de golpe de Estado.

La pregunta de Evo Morales es pertinente, en vista de la forma acelerada con la que se vienen desarrollando los eventos en el país sudamericano y que apuntan a interrumpir los comicios electorales del 20 de octubre.

A las inquietudes del mandatario nacional, habría que agregar la investigación de los precedentes regionales, en el ejercicio de identificar los fundamentos de la maniobra y adelantarse a la instalación de nuevos foco de violencia.

Es necesario profundizar sobre los distintos elementos que componen esta operación encubierta, que internacionalmente se proyecta como una respuesta «espontánea» de la sociedad boliviana ante los estragos que está padeciendo la región agropecuaria de Santa Cruz.

En una pieza anterior publicada en esta tribuna, se esquematizó la fase de ablandamiento y se caracterizó a los actores involucrados de lo que, sin duda, se perfila como otro golpe suave inspirado en el manual de Gene Sharp: debilitar progresivamente a las instituciones de los Estado-Nación y tumbar gobiernos no alineados a Washington.

Un voluntario mitiga el fuego en La Chiquitania (Foto: Pablo Rivera)

En este sentido, Venezuela es un referente obligatorio, no sólo por las operaciones combinadas de desgaste y ultraviolencia callejera durante los tres meses de «guarimbas» en 2017, sino por los mecanismos que implementó el Gobierno y el chavismo para desarmar la revolución de colores.

Sin embargo, el suceso que pretende detonar el conflicto en Bolivia recuerda a otra operación ejecutada más recientemente contra el sandinismo en Nicaragua. Las coincidencias con la estrategia insurreccional de la oposición nicaragüense obliga a realizar un estudio del caso para establecer los puntos en común con la situación boliviana.

Nicaragua y el caso de Indio Maíz

En abril de 2018, un incendio provocado en la reserva biológica Indio Maíz, consumió 5 mil 400 hectáreas de una de las principales zonas de selva tropical centroamericana. En 2016, el bosque había sido afectado por el Huracán Otto, causando daños en el ecosistema que lo hicieron susceptible al fuego.

Pero no sólo el fuego se propagó en territorio nicaragüense. También hizo lo propio un sector estudiantil del país, acompañado por ONG ambientalistas que sobredimensionaron el problema forestal, y por los medios de comunicación opositores, que dieron cobertura y propagandizaron las acusaciones hacia el gobierno de Daniel Ortega.

Superado el problema ambiental, es sencillo recopilar cada uno de los datos que dan fe del correcto protocolo de emergencia accionado por los organismos del Estado. En entrevista con RT, el presidente Ortega destacó que técnicos norteamericanos que habían evaluado la situación, determinaron que el incendio «iba a durar meses», pero solo se extendieron por diez días, hasta que fueron sofocados.

El ejército nicaragüense fue clave en la mitigación de los incendios en Indio Maíz (Foto: AFP)

Aunque perjudicó zonas del humedal, en términos estrictamente porcentuales, las 5.484 hectáreas dañadas correspondieron al 0.85% del territorio total, según un informe elaborado por especialistas del Departamento de Cuencas de la Facultad de Recursos Naturales y del Ambiente (Farena).

Las cifras oficiales no se diferencian mucho de las aproximaciones hechas por instituciones independientes, como el Centro Humboldt, que estimó la afectación en 5.553 hectáreas.

El Gobierno de Nicaragua decretó alerta amarilla, desplegó 1 mil 500 efectivos militares, 9 medios aéreos, 17 medios navales y aceptó la ayuda internacional de México, El Salvador y Honduras. Igualmente, determinó a los responsables del gran incendio forestal, que tuvo que ver con una quema de terreno para la siembra de arroz.

Ninguna de estas acciones pudo impedir que se organizaran protestas violentas que se prolongaron hasta octubre de 2018. Si bien la demanda central de los sectores que iniciaron las revueltas estuvo relacionada con la serie de reformas de Instituto de Seguridad Social (INSS), el movimiento #SOSIndioMaíz, que por sí solo no adquirió la fuerza suficiente para cuajar como operación de cambio de régimen, sí sirvió de ensayo previo a lo que vendría después.

El 12 de abril, unos días antes que los incendios en la reserva biológica fueran controlados, un grupo de manifestantes violentos bajo la cobertura de «movimiento estudiantil» se concentraron la entrada de la Universidad Centroamericana (UCA) para dirigirse a la Asamblea Nacional.

La movilización no logró llegar al destino pautado, sin embargo, desencadenó un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad que inmediatamente fue utilizado para desplegar la narrativa del «Estado represor», manipulando imágenes que luego serían exportadas para mostrar a los violentos como «luchadores por la democracia». Un clásico que bastante conoce Venezuela.

El móvil que los convocaba fue desplazado por el trasfondo real de la operación: presión violenta para deponer al gobierno sandinista.

Es lo único que pudo explicar los señalamientos desproporcionados y virulentos de los manifestantes contra el frente sandinista, que además abrazaron la causa de la reserva Indio Maíz con una sospechosa rapidez, la cual no estuvo en agenda hasta ese momento.

La instrumentalización política del incendio en Indio Maíz abrió paso a la convocatoria de plantones antigubernamentales (Foto: Carlos Herrera)

Allí se prefiguraron como imágenes simbólicas del movimiento, ONG y caras nuevas que encubrieron los intereses trasnacionales implícitos. Madelaine Caracas y Jessica Cisneros fueron los nombres que emergieron del grupo estudiantil que encabezó las protestas.

Por otro lado, la Fundación del Río y las ONG ecológicas asociadas al Grupo Cocibolca, también capitalizaron parte del liderazgo en la operación. Ambos actores trascendieron de los hechos específicos del Indio Maíz, toda vez que la emergencia fue superada por los organismos pertinentes del gobierno nicaragüense. Se acoplaron definitivamente a las fases siguientes del plan golpista.

Los actores al frente y detrás de escena

En octubre de 2018, Caracas y Cisneros participaron en la Caravana de Solidaridad Internacional con Nicaragua, una gira realizada por países europeos donde se reunieron con altos dirigentes políticos con el objetivo de cabildear las presiones de Occidente contra Daniel Ortega.

Allí, Madelaine Caracas fue entrevistada por la cadena alemana DW, que la interpeló por las denuncias que señalaban el financiamiento del gobierno de los Estados Unidos a las protestas violentas. «Eso es parte de la campaña de deslegitimación del gobierno hacia esta insurrección cívica y espontánea», alcanzó a responder la estudiante de comunicación.

Más adelante se sabría que tanto ella, como Jessica Cisneros, integraron el Movimiento Cívico de Juventudes (MCJ), una agrupación que recibe apoyo del Instituto Nacional Demócrata para los Asuntos Internacionales (NDI por sus silas en inglés), tal y como lo refiere la periodista Whitney Webb en una investigación para Mintpress.

La NDI instauró su proyecto con estudiantes de Managua gracias al financiamiento de la USAID y la National Endowment for Democracy (NED). Dice la periodista Webb, que la NED desembolsó «unos 4,2 millones de dólares a grupos de oposición y afiliados entre 2014 y 2017».

La USAID, por otra parte, es la institución que más ha erogado recursos para la desestabilización en Nicaragua. Con los 52 millones de dólares otorgados, se pagaron los cursos de formación a líderes emergentes que promovieron el salto a la fama de Madeleine Caracas.

Las organizaciones ecológicas también estuvieron latentes a la espera de un momento que diera signos de ser fácilmente conducido al plano del golpe político. ¿Evidencias de su participación arbitraria en le escena? En medio de las revueltas, que mutaron de lo civil a bandas criminales armadas, la Fundación del Río fue clave en la financiación.

A principios de abril, el ministerio de Gobierno había advertido de una estafa que esta ONG llevaba a cabo, mediante la recolección de fondos que tenían un destino injustificado. Cuando se había aplacado el golpe en diciembre, el poder legislativo comprobó su participación en el mismo, junto con otras ocho organizaciones civiles, facilitando fondos para la ejecución de actos terroristas. Todos estos grupos fueron inhabilitados por la Asamblea Nacional.

Cabe destacar que estas plataformas de la «protección ambiental» que cubrieron la logística de los movimientos armados en 2018, fundamentan su existencia debido a proyectos de desarrollo industrial que, casualmente, amenazan la prevalencia de Estados Unidos como hegemón económico en la región.

Un ejemplo: el Grupo Cocibolca, declara en su descripción que las organizaciones que lo componen exigen «mayor información» sobre el Gran Canal Interoceánico, un plan de 50 mil millones de dólares que prevé trazar una ruta transoceánica alternativa al Canal de Panamá. La obra fue adjudicada a una empresa China en 2013 y desde entonces se ha visto envuelta en conflictos de aparente carácter ambiental que han retardado su ejecución.

Bajo una cobertura ambientalista, la oposición nicaragüense ha promovido movilizaciones violentas para frenar el desarrollo económico del país (Foto: EFE)

La evidente connotación geopolítica de un proyecto que le quitaría privilegios comerciales a EEUU en este hemisferio, en un contexto de relaciones cada vez más estables entre países del continente y la economía de las nuevas potencias orientales, fijó el rol de las organizaciones ecológicas. Bajo el manto de la actividad “no gubernamental”, se unificaron al resto de grupos de oposición que conspiraron por un cambio político que favoreciera a Washington.

El turno de la Chiquitanía

Instituciones similares de EEUU que promovieron a los líderes de la revolución de colores contra el sandinismo, salen a relucir ahora en Bolivia.

Es el caso de la Human Rights Foundation (HRF), fundación financiada por la oligarquía Koch y el grupo CANVAS, experto en la estrategia de la «lucha no violenta». Ambas organizaciones tienen nexos con la militante ecologista Jhanisse Daza, actualmente una de las caras visibles del golpe suave contra Bolivia. Daza está al frente de la ONG Ríos de Pie, que formula acusaciones contra Evo Morales.

Jhanisse Daza no oculta sus nexos con Srđa Popović, fundador de la organización CANVAS, especializada en promover cambios de régimen (Foto: Facebook / The Grayzone)

Para estos promotores del acoso al gobierno boliviano, el teatro de operaciones de la Amazonía ha favorecido el escenario ideal. El desastre forestal (con implicaciones continentales), sus daños y las dificultades para apaciguarlo, facilitan la construcción de una narrativa que culpabilice a Evo Morales. Indignaciones fabricadas dan paso a la etapa violenta del intento de golpe.

Ahora, el gobierno de Morales tiene que resistir en dos frentes en simultáneo: la emergencia ambiental en sí misma y los próximos asedios que organicen los grupos opositores impulsados por la propaganda de La Chiquitania.

Mientras personal del ejército, bomberos y brigadistas, realizan las labores de mitifación del fuego en las zonas afectadas, los medios de oposición local, las ONG y figuras políticas, aprovechan que el tema está en agenda internacional para homologar un relato contra Evo Morales, justificar la interrumpción de las elecciones y escalar en la desestabilización bajo la narrativa de que Bolivia afronta un «desastre».

Hasta el momento, Bolivia ha volcado los esfuerzos en implementar un protocolo eficiente en los departamentos donde ocurren los incendios. En cuestión de semanas, logró reducir en más del 80% los focos de calor. La ayuda extranjera entra con la condición exclusiva de ser gestionada a través del Estado, respetando la soberanía del país.

El escenario es difícil. Cuando se pensaba que se había controlado, autoridades locales informaron que permanecían activos al menos unos 2 mil focos, producto de ráfagas de viento que llegan a los 90 kilómetros por hora, del mismo cambio climático, que trajo un periodo de sequía con altas temperaturas. El presidente Evo Morales, recibió la ayuda de Rusia para atacar estos nuevos brotes, con la participación del avión bombero ruso Il-76, que se une a los trabajos que viene realizando el Supertanker.

A pesar de ello, el gobierno subraya que la emergencia no ha desbordado la capacidad de actuación de las instituciones, como lo mencionó el ministro de Comunicación Manuel Canel a principios de septiembre.

Según el ministro, la figura administrativa de «desastre» no corresponde puesto que el Estado no ha agotado sus recursos técnicos y económicos. En cambio, se actúa bajo la declaratoria de «situación de emergencia nacional», permitiendo la celeridad de las ayudas y fondos económicos.

¿Quién causó el incendio? 

El relato que se ha internacionalizado acusa directamente al decreto 3973 y la ley 741, ordenanzas del gobierno nacional que regulan las actividades de agricultura y ganadería en el país. En redes sociales la campaña de marketing se basó principalmente en el argumento de que esas regulaciones provocaron los incendios en La Chiquitania. El aditivo de influencers, activistas ecológicos y famosos en el primer frente de la operación, garantizó que la el movimiento lograra simular «espontaneidad».

Por otro lado, aunque se supone que los movimientos ambientalistas estarían en contra de cualquier actividad del agronegocio que afectara al Bosque Seco Chiquitano, llama la atención que la propaganda se afinca únicamente a satanizar el «chaqueo», una actividad campesina de quema controlada para habilitar sus tierras a la agricultura.

«Las pequeñas familias, si no chaquean ¿de qué van a vivir?». Esta frase de Evo fue sacada de contexto por los medios de comunicación para darle combustible a la campaña y hacer pensar que está de acuerdo con el uso intensivo de la tierra.

El «chaqueo» es considerado una actividad ancestral por parte de los agricultores bolivianos, por ende, no es la actividad responsable de los incendios (Foto: Crédito)

La realidad es que el gobierno boliviano intenta proteger al pequeño agricultor que tiene esta labor como única fuente de trabajo, mientras que crea un consenso con otros intereses de la nación estipulados en sus leyes (recordemos que el país promulgó una ley que reconoce los derechos de toda lo biodiversidad).

Cliver Rocha, anterior director de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), sostiene la opinión de que se quiere culpabilizar al sector campesino, vinculado políticamente al presidente indígena. Refiere que buscan «racializar» la responsabilidad, creando una frontera entre los grupos de poder agropecuarios y el pequeño productor. Además, resalta el factor climático: las elevadas temperaturas y la poca humedad hacen compleja la mitigación. «Una chispa en un pastizal es fulminante», dijo Rocha.

El mismo argumento sostienen los movimientos campesinos simpatizantes a Evo Morales agrupados en la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), quienes además señalaron a menonitas y brasileños como factores clave de la deforestación en los terrenos de los municipios afectados.

«Denunciamos que la extranjerización de la tierra, en manos de menonitas y brasileros, es la que ha traído esa lógica industrial que hoy provoca el desmonte a costa de la vida», dice un comunicado de la Conalcam tras una reunión con sostenida con Morales.

El presidente Evo Morales hace acto de presencia en un evento de la Conalcam, 2018 (Foto: ABI)

Bolivia no es un Estado ajeno a la práctica extractivista a la que fue relegado el continente y así como Venezuela tiene que combatir mafias de contrabando de gasolina y otros recursos mineros, La Chiquitania y otras reservas forestales bolivianas están insertadas en un flujo de extracción ilegal de madera, dado que el país es el sexto lugar en el mundo con mayor extensión de bosques tropicales.

Antes de crear la ABT como mecanismo para combatir el tráfico, un 80% de la madera comercializada procedía del contrabando. Los principales destinos del rubro son Estados Unidos, Brasil y China, mientras que Perú es la zona fronteriza de donde se extrae ilícitamente la mayor cantidad de especies maderables. Sólo en 2017, Bolivia perdió 26 millones de dólares por el contrabando hacia el país vecino, según lo reportado por la ABT.

El manejo del relato ambientalista de los actores del golpismo, evita un debate que coloque sobre la mesa estas prácticas depredadoras del capitalismo transnacional.

Las elecciones del 20 de octubre

En una reciente evaluación hecha por el vicepresidente Álvaro García Linera, reconoce que la actividad mediática de La Chiquitania tuvo efecto en el crecimiento de la intención de voto a Evo Morales. García afirma que «se ralentizó un poco a partir del tema de los incendios», pero sigue siendo una tendencia ascendente.

Del otro lado, el candidato opositor Óscar Ortiz (del partido 21F que dirigió las protestas violentas del 12 de septiembre) percibió cierto aumento regionalizado y el principal contendiente del MAS, Carlos Mesa tuvo una reducción en las encuestas.

Indiscutiblemente, uno de los fines que tiene la agresiva campaña contra Morales, es evitar su reelección de cara a los comicios presidenciales que serán celebrados el próximo mes. Pero esto no se limita a quitarle popularidad en las bases sociales del país y proporcionarle credibilidad a las alternativas opositoras.

La lección de los modelos ensayados en Venezuela y Nicaragua, demuestra que la opción de una vía política es la última tomada en consideración. En cambio, la desestabilización y la imposición de un estado de excepción general para debilitar la imagen del presidente, tienen mayores probabilidades de ser detonadas.

Muy probablemente, los focos de calor en el Bosque Seco Chiquitano serán sofocados antes de la cita del 20 de octubre. El otro incendio civil, que arrancó con la ayuda del relato ecológico, tendrá que buscar nueva gasolina para mantener encendidas las calles bolivianas, con el deseo implícito de enfrentamientos que deriven en saldos mortales.

La narrativa del intento de cambio de régimen está enfocada en radicalizar jóvenes y movilizarlos hacia una agenda de violencia (Foto: Pagina Siete)

Los costos humanos son sumamente apetecibles como evidencias para mutar las acusaciones del «Estado incompetente» al «Estado represor». También son el insumo perfecto de los medios y redes sociales que se encargarán de proyectar estos hechos como una realidad que abarca todo el país.

Para los detractores de Evo, no se trata de medirse en una contienda electoral, sino de boicotear todas las estructuras del Estado, instalando el caos y haciéndole ingobernable la gestión de los incendios, de manera que pueda justificarse la intervención de gobiernos extranjeros, ya sea bajo el castigo financiero o el aislamiento diplomático.

Un manual de golpe político que no se sale de sus propios márgenes, aplicado en tantas ocasiones anteriores que hoy en día es identificable a simple vista. He allí la ventaja fundamental que pueden aprovechar los bolivianos.

Fuente de origen: Misión Verdad

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