Reclamar es un delito. Esta es la matriz que está construyendo el gobierno de Mauricio Macri desde que asumió hace casi 3 años y medio. Los medios hegemónicos y la justicia cooperan en esta construcción, es así que la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas Nº 12 de la Ciudad de Buenos Aires imputó a varios comunicadores populares y militantes sociales por haber protestado frente a las instalaciones de Canal 13 -del grupo Clarín- que incluya a Barricada TV en la grilla de programación del cable, como dicta la ley.
El pasado 17 de diciembre se realizó una manifestación pacífica en el estacionamiento del canal, que pertenece a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin embargo a pedido del Grupo Clarín, se les inició una causa a Natalia Vinelli, directora de BarricadaTV; a Juan Grabois, referente del Frente Patria Grande; a los que luego sumaron a Pablo Antonini, presidente de FARCO; Omar Zanarini, integrante de Radio Gráfica; Tomás Eliaschev de SiPreBa y José María Di Bello, de Nueva Mayoría.
PH: Gabriela Gurvich / Barricada TV
El 28 de mayo Natalia Vinelli debió presentarse ante la Fiscalía, donde acompañada de su abogado Martín Alderete presentó un escrito. Mientras esto sucedía, un nutrido grupo de militantes y comunicadores populares se concentraron a las puertas de las Fiscalía exigiendo libertad de expresión, derecho a la protesta y el reclamo central, la democratización del espectro radioeléctrico.
«Es una imputación por haber participado de una protesta en reclamo de la reincorporación de Barricada TV en la grilla de cablevisión, comenzamos esto como un reclamo por la ampliación de las voces, por la multiplicidad necesaria, por la democratización, de la información, y hoy estamos aquí defendiendo el derecho a la protesta, la conclusión es que ante nuestro reclamo genuino y legitimo de que se puedan escuchar todas la voces, la respuesta del Estado es atacar a quienes participamos de este reclamo que fue pacífico y sin afectar ningún bien ni a ninguna personas y consideramos que la respuesta del Estado debería ser garantizar el derecho a la información de los pueblos», señaló a DataUrgente Tomás Eliaschev, uno de los imputados.
Omar Zanarini contextualizó lo que están viviendo en un marco mucho mayor «Uno interpreta que acá hay una animosidad que no está explicitada más allá que en las acciones judiciales que está llevando adelante el grupo Clarín, en donde nosotros somos un eslabón de una cadena mucho más grande que se llama Lawfare, hay una persecución política, hay una persecución mediática, hay una persecución judicial de todos aquellos que no están de acuerdo con el régimen de Maurcio Macri».
«Desde que asume Mauricio Macri a esta parte los medios populares estamos siendo ahogados económicamente, silenciados, no es casualidad en un contexto donde lo que prima es el saqueo, las fuga de capitales, el desempleo y unas políticas que atentan contra los trabajadores y el pueblo en general, no es casualidad que se avance, aunque sea en una causa menor, como es una contravención, contra periodistas y comunicadores populares», agregó Zanarini.
En este sentido, Eliaschev -quien acaba de publicar el libro No nos callan nunca más, sobre la lucha contra la censura y en defensa de la libertad de expresión- detalló la situación que se vive dentro de las redacciones en los medios de comunicación: «El malestar ante la situación del periodismo que se produce en al redacciones es un malestar que tiene que ver con las pésimas condiciones laborales que estamos atravesando con más de 3.500 puestos de trabajo en el periodismo que sucedieron desde que asumió el macrismo, con cierre de medios, con precarización y empeoramiento de los salarios, tiene que ver también con la degradación del periodismo, ante eso encuentro en la organización sindical de los trabajadores y trabajadoras de prensa la posibilidad de discutir hacia dónde va el periodismo y una defensa del oficio periodístico». En ese contexto destacó el rol de los medios comunitarios, populares, alternativos y autogestivos porque son los únicos que le dan vos a las luchas de los trabajadores de prensa.
Al salir de la Fiscalía, Natalia Vinelli agradeció el acompañamiento, «siempre es difícil pararse frente a un grupo económico que es una de las tres empresas más poderosas del país, y el grupo de medios más importantes del país, y es muy difícil pararse y decirles: cumplan con la ley, que es lo que hicimos».
«Nos encontramos frente a una gran empresa que tiene poder de veto, poder de regulación, que decide que leyes cumple y que leyes no, cuando no quiere pagar impuestos arregla con una jueza para que se los condone, y además cuando no quiere levantarnos en la grilla, que lo dice la norma, no nosotros, no nos atienden y después no nos dejan tampoco protestar», señaló Vinelli.
En este contexto enfatizó en la importancia de continuar la lucha «la defensa del 33 por ciento del espectro para los medios comunitarios, populares, alternativos, autogestivos está más vigente que nunca, necesitamos construir un mapa de medios que no sea concentrado, que pueda contrapesar, limitar y terminar con la concentración, porque sino la historia nos la van a seguir contando un grupo de empresas facinerosas, nos van a venir a decir como es la realidad y no vamos a tener otras voces para poner en circulación».
Finalmente el abogado Martín Alderete señaló cuál es el verdadero deito que se pretende castigar: «desde la parte judicial es un hito más en el intento de criminalizar, de perseguir, de intentar meter miedo, y tratar de hacernos creer que protestar, que reclamar, que salir a la calle es delito y que frente a eso podemos llegar a tener algún problema legal, que nos pueden detener. Y frente a eso la mejor respuesta que se puede dar, además de la amplia solidaridad, es la defensa de los compañeros y compañeras en los tribunales, pero fundamentalmente en las calles, demostrando que no tenemos nada que temer.»