El recientemente asumido en el cargo de presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó la creación de una Comisión por la Verdad en el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. Uno de los reclamos más fuertes al presidente saliente Peña Nieto clama aún por justicia y el encuentro de los estudiantxs desaparecidxs. En un plazo máximo de 30 días dicha comisión habrá de ser conformada para desandar un camino lleno de impunidad, relación con el narcotráfico y el poder mafioso de la política de ese país americano.
Por Emir Olivares Alonso y Enrique Méndez
El principal objetivo de la comisión para esclarecer el caso Ayotzinapa es conocer la verdad de los crímenes contra los normalistas, deslindar responsabilidades, reparar violaciones a los derechos humanos y hacer justicia.
Bajo esas premisas, ayer en una ceremonia encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, se firmó el decreto por el que se crea esa comisión, que estará conformada por familiares de los normalistas, sus representantes legales, funcionarios de las secretarías de Gobernación (SG), de Relaciones Exteriores (SRE) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como por los expertos profesionales y técnicos que se requieran.
El decreto se publicará este martes en el Diario Oficial de la Federacióny entrará en vigor un día después. Las autoridades correspondientes tendrán hasta 30 días hábiles para instalar la comisión.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la SG, Alejandro Encinas, quien será el coordinador de la comisión, explicó cómo funcionará esta instancia:
Por primera ocasión en la historia del país se definirán los lineamientos para la implementación

de beneficios legales y medidas de protección para las personas que proporcionen información que permita el esclarecimiento de esos crímenes.
La comisión retomará las investigaciones realizadas hasta ahora y las recomendaciones emitidas por distintos organismos, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Internamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) e incluso las indagatorias truncas de la PGR para desahogar todas las líneas de investigación que fueron subestimadas o se dejaron de lado
, detalló Encinas.
La SHCP se encargará de lo relativo a los recursos necesarios para su funcionamiento sin obstáculos
y la cancillería realizará los convenios necesarios con la CIDH, la ONU-DH y otras instancias para que se intensifique la cooperación internacional en el caso.
Fuente de origen: Con información de La Jornada en Línea
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