El asesinato de Berta Cáceres, la lideresa hondureña asesinada por defender los recursos naturales de su país, aún espera por el esclarecimiento. Su muerte, a manos de los intereses extractivistas y corporativos, es reflejo del ataque a dirigentes ambientalistas en centroamérica. Reconocida con el premio internacional medioambental «Goldman» (nobel verde), su nombre aún busca justicia en las oficinas del Tribunal de Sentencia de su país.
El equipo legal de la familia de la extinta ambientalista hondureña, Berta Cáceres, denunciaron este miércoles la existencia de “una férrea confabulación de todos los actores del sistema de justicia para evitar que se conozca la verdad en el crimen de Berta Cáceres”. Precisamente por lo tardío que está siendo el proceso de enjuiciamiento contra los supuestos autores materiales.
Los equipos legales del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) junto con organizaciones de Derechos Humanos y familiares de la extinta ambientalista hondureña, Berta Cáceres, denunciaron el enmarañamiento sobre el que la justicia hondureña está conduciendo el juicio contra los supuestos autores materiales del asesinato de la líder indígena.
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A través de conferencia de prensa los familiares de Berta Cáceres denunciaron al “Tribunal compuesto por Esther Carolina Flores, Anaim Orellana, Delia Villatoro y Jocelyn Donaire”, por su actuación frente al caso que no ha sido desarrollado con “las garantías que corresponde”.
En su comparecencia, el abogado de la familia de Berta Cáceres, Víctor Fernández, señaló que el Tribunal de Sentencia que lleva el caso ha negado las garantías y los derechos que estipula el debido proceso legal.
"El tribunal que lleva el caso no solo es ilegal sino mentiroso"
Víctor Fernández#JuicioFarsa pic.twitter.com/j4erKPtyup— COPINH (@COPINHHONDURAS) October 24, 2018
Señaló que el Tribunal les ha marginado su participación en el proceso a pesar de que sobre este “está pendiente una recusación que pesa en su contra” por “la ilegalidad de su funcionamiento”.
Informó que en su lugar a las víctimas se les ha impuesto como representante a “los fiscales del Ministerio Público que han sido denunciados por cometer delitos contra las víctimas en contra del caso en particular de acceso a la justicia”.
Entre las múltiples irregularidades del Tribunal, el togado señaló que existe información en poder del Ministerio Público que “no ha sido puesta a disposición de las partes ni está siendo objeto de discusión en esta fachada de juicio”.
La presencia de estas pruebas en el desarrollo del juicio “es decisiva”, ya que según explicó el defensor supone “develar todas las estructuras que estuvieron vinculadas en el crimen”.
En tal sentido, observa una “subyugación” ante otros intereses por parte del MP y del aparato de justicia, cuyo “límite de actuaciones está marcado por directrices que puedan estar recibiendo de parte de factores externos”.
Ante este contexto, Berta Zúñiga, hija de la extinta ambientalista advirtió que debido a la fragilidad bajo la cual se ha desarrollado el proceso, existe la posibilidad de “nulidades” a favor de las “imputaciones contra autores materiales”, es decir “que por cuestiones mal hechas, puedan quedar libres las personas condenadas”.
Explicó que entienden este comportamiento de la justicia hondureña como una “decisión de alto mando de sacarnos del proceso para no incomodarles debido a las denuncias que hemos puesto de manera constante”.
Desde que inició el proceso judicial a mediados de octubre, el juicio ha sido suspendido en varias ocasiones, la última vez fue el pasado lunes debido a que no se llevó el expediente del caso.
Fuente de origen: El Libertador
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