Un veredicto anticonstitucional contra la ‎República Francesa

El 30 de septiembre de 2021, un tribunal de París condenó a Nicolas Sarkozy, ex presidente ‎de Francia, a un año de cárcel por no haber declarado parte de los gastos de su campaña ‎electoral de 2012 a la Comisión Nacional de Cuentas de Campaña y Financiamiento Político ‎‎(CNCCFP). El ex presidente Sarkozy anunció que sus abogados presentarán un recurso de ‎apelación contra ese veredicto. ‎

La CNCCFP es una comisión administrativa que se encarga de reembolsar a los candidatos sus ‎gastos de campaña, previa verificación de la validez de dichos gastos. En el caso del ‎ex presidente Nicolas Sarkozy, la Comisión no validó esos gastos y, por consiguiente, ‎no procedió a reembolsarlos sino que condenó a Sarkozy a pagar una multa, multa que ‎el ex presidente ya pagó. Por consiguiente, no hay irregularidad financiera ni delito penal. ‎

Pero el tribunal invocó el artículo L113-1 del Código Electoral, artículo que penaliza las ‎declaraciones falsas tendientes a engañar a la CNCCFP. El problema es que no hubo engaño ‎ya que las cuentas de la campaña electoral en cuestión no recibieron el aval de la CNCCFP, ‎así que no hubo reembolso indebido. ‎

Los demás acusados fueron condenados por haber emitido las facturas de los mítines de campaña ‎a nombre del partido político de Nicolas Sarkozy, siendo el partido –no Sarkozy– quien pagó ‎dichas facturas.‎

Con su actuación, el tribunal violó el principio legal según el cual no se pueden juzgar dos veces ‎los mismos hechos («non bis in idem»). El tribunal no estaba obligado a emitir un veredicto ‎ya que la Comisión Nacional de Cuentas de Campaña y Financiamiento Político –aunque ‎se compone de magistrados– no es una jurisdicción sino una comisión administrativa. Pero ‎la decisión de esa Comisión fue aprobada por el Consejo Constitucional, que sí es una ‎jurisdicción. ‎

En todo caso, la Constitución de la República Francesa estipula, en su Artículo 62 que‎

«Las decisiones del Consejo Constitucional son inapelables. Se imponen a los poderes ‎públicos y a todas las autoridades administrativas y jurisdiccionales.»‎

Al ignorar la Constitución de la República y torcer el sentido del artículo L113-1 del Código ‎Electoral, el tribunal se inmiscuyó deliberadamente en el campo de la política. Con su veredicto, ‎el tribunal se erige en garante de la democracia ante quienes potencialmente desequilibraron la ‎elección presidencial al violar los límites impuestos a los candidatos para los gastos de campaña. ‎Al mismo tiempo, este veredicto lesiona gravemente la función presidencial ya que, en el ‎momento de los hechos, Nicolas Sarkozy era el presidente saliente y se presentaba como ‎candidato a la reelección, lo cual significa que este veredicto cuestiona la autoridad misma de la ‎República Francesa. ‎

Al día siguiente del anuncio de la condena contra el ex presidente Sarkozy, el diario Libération ‎dedicaba su primera plana a este veredicto, con el titular «Sarkozy: qué indignidad» (Ver foto). ‎La noción de «indignidad» nos remite al final de la Segunda Guerra Mundial y se aplica ‎a quienes han «aportado conscientemente una ayuda directa o indirecta al enemigo, dañado la ‎unidad de la Nación o puesto en peligro la libertad de los franceses o la igualdad entre estos», ‎cosas que no tienen absolutamente nada que ver con las acusaciones emitidas contra Nicolas ‎Sarkozy. ‎

La alusión a la «indignidad» pone al ex presidente de la República Nicolás Sarkozy al nivel de ‎Philippe Petain, el jefe del régimen de Vichy, que colaboró con la ocupación nazi, y es ‎por consiguiente un insulto a la República Francesa. ‎

Destruir la República Francesa favorecería el predominio de la Unión Europea. ‎

Todo esto sucede a sólo meses de la próxima elección presidencial. Nicolas Sarkozy ni siquiera es ‎candidato a esa elección pero es evidente que todo esto tendrá un impacto sobre esa consulta. ‎

Antes de la elección presidencial de 2012, el arresto [en Estados Unidos] del aspirante con más ‎posibilidades de ganar aquella contienda –Dominique Strauss-Kahn– abrió el camino a la ‎candidatura de Francois Hollande, quien finalmente resultó electo. ‎

Antes de la elección presidencial de 2017, las acusaciones contra el candidato con más posibilidad ‎de ganar –Francois Fillon– y su judicialización abrieron el camino a la elección del actual ‎presidente, Emmanuel Macron. ‎

 

Fuente de origen:  Red Voltaire

 

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