El 30 de septiembre de 2021, un tribunal de París condenó a Nicolas Sarkozy, ex presidente de Francia, a un año de cárcel por no haber declarado parte de los gastos de su campaña electoral de 2012 a la Comisión Nacional de Cuentas de Campaña y Financiamiento Político (CNCCFP). El ex presidente Sarkozy anunció que sus abogados presentarán un recurso de apelación contra ese veredicto.
La CNCCFP es una comisión administrativa que se encarga de reembolsar a los candidatos sus gastos de campaña, previa verificación de la validez de dichos gastos. En el caso del ex presidente Nicolas Sarkozy, la Comisión no validó esos gastos y, por consiguiente, no procedió a reembolsarlos sino que condenó a Sarkozy a pagar una multa, multa que el ex presidente ya pagó. Por consiguiente, no hay irregularidad financiera ni delito penal.
Pero el tribunal invocó el artículo L113-1 del Código Electoral, artículo que penaliza las declaraciones falsas tendientes a engañar a la CNCCFP. El problema es que no hubo engaño ya que las cuentas de la campaña electoral en cuestión no recibieron el aval de la CNCCFP, así que no hubo reembolso indebido.
Los demás acusados fueron condenados por haber emitido las facturas de los mítines de campaña a nombre del partido político de Nicolas Sarkozy, siendo el partido –no Sarkozy– quien pagó dichas facturas.
Con su actuación, el tribunal violó el principio legal según el cual no se pueden juzgar dos veces los mismos hechos («non bis in idem»). El tribunal no estaba obligado a emitir un veredicto ya que la Comisión Nacional de Cuentas de Campaña y Financiamiento Político –aunque se compone de magistrados– no es una jurisdicción sino una comisión administrativa. Pero la decisión de esa Comisión fue aprobada por el Consejo Constitucional, que sí es una jurisdicción.
En todo caso, la Constitución de la República Francesa estipula, en su Artículo 62 que
«Las decisiones del Consejo Constitucional son inapelables. Se imponen a los poderes públicos y a todas las autoridades administrativas y jurisdiccionales.»
Al ignorar la Constitución de la República y torcer el sentido del artículo L113-1 del Código Electoral, el tribunal se inmiscuyó deliberadamente en el campo de la política. Con su veredicto, el tribunal se erige en garante de la democracia ante quienes potencialmente desequilibraron la elección presidencial al violar los límites impuestos a los candidatos para los gastos de campaña. Al mismo tiempo, este veredicto lesiona gravemente la función presidencial ya que, en el momento de los hechos, Nicolas Sarkozy era el presidente saliente y se presentaba como candidato a la reelección, lo cual significa que este veredicto cuestiona la autoridad misma de la República Francesa.
Al día siguiente del anuncio de la condena contra el ex presidente Sarkozy, el diario Libération dedicaba su primera plana a este veredicto, con el titular «Sarkozy: qué indignidad» (Ver foto). La noción de «indignidad» nos remite al final de la Segunda Guerra Mundial y se aplica a quienes han «aportado conscientemente una ayuda directa o indirecta al enemigo, dañado la unidad de la Nación o puesto en peligro la libertad de los franceses o la igualdad entre estos», cosas que no tienen absolutamente nada que ver con las acusaciones emitidas contra Nicolas Sarkozy.
La alusión a la «indignidad» pone al ex presidente de la República Nicolás Sarkozy al nivel de Philippe Petain, el jefe del régimen de Vichy, que colaboró con la ocupación nazi, y es por consiguiente un insulto a la República Francesa.
Destruir la República Francesa favorecería el predominio de la Unión Europea.
Todo esto sucede a sólo meses de la próxima elección presidencial. Nicolas Sarkozy ni siquiera es candidato a esa elección pero es evidente que todo esto tendrá un impacto sobre esa consulta.
Antes de la elección presidencial de 2012, el arresto [en Estados Unidos] del aspirante con más posibilidades de ganar aquella contienda –Dominique Strauss-Kahn– abrió el camino a la candidatura de Francois Hollande, quien finalmente resultó electo.
Antes de la elección presidencial de 2017, las acusaciones contra el candidato con más posibilidad de ganar –Francois Fillon– y su judicialización abrieron el camino a la elección del actual presidente, Emmanuel Macron.
Fuente de origen: Red Voltaire
