El caso ‘Jesús Santrich’ complica la paz en Colombia

BOGOTÁ (Sputnik) — La suerte del exguerrillero Seuxis Paucias Hernández Solarte, conocido como ‘Jesús Santrich’, preso en su país y pedido en extradición por EEUU por presunto narcotráfico, es un caso testigo de los obstáculos que enfrenta la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016 con la ahora disuelta guerrilla FARC.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tribunal de justicia transicional creado por el acuerdo para entender en los crímenes de los excombatientes, otorgó el 15 de mayo a ‘Santrich’ el beneficio de no extradición a Estados Unidos y ordenó a la fiscalía dejarlo en libertad.

‘Santrich’ estaba preso desde abril del año pasado, luego de que el Departamento de Justicia de EEUU a pidiera a Colombia su arresto con fines de extradición, medida que las autoridades colombianas cumplieron de inmediato.

Tras la decisión de la JEP, presentaron sus renuncias el fiscal general Néstor Humberto Martínez y su vice María Paulina Riveros, alegando discrepancias con el fallo de la justicia transicional; también dimitió la ministra de Justicia, Gloria María Borrero.

Pero el 17 de mayo, apenas traspuso el portal de la cárcel La Picota, ‘Santrich’ fue detenido por agentes de la fiscalía, quienes adujeron tener nuevas evidencias en su contra.

La situación pareció generar una crisis institucional en Colombia, negada por el presidente Iván Duque, puso en vilo la confianza en la implementación del acuerdo de paz y tensionó las relaciones entre Colombia y Estados Unidos.

Negociador de paz

‘Santrich’, de 51 años, nació en el municipio de Toluviejo (Sucre, norte); es licenciado en ciencias sociales por la Universidad del Atlántico y cuenta con un posgrado en historia.

Debido a una enfermedad degenerativa ha perdido gran parte de su vista, aunque no es completamente ciego.
Fue personero (representante del Ministerio Público que controla la gestión de las alcaldías y el respeto de normas y derechos humanos) del municipio de Colosó, en Sucre.

Su nombre de guerra, ‘Jesús Santrich’, lo tomó de su mejor amigo, un conocido líder estudiantil de la Universidad del Atlántico muerto por agentes del Estado en noviembre de 1990.

Ese crimen empujó a ‘Santrich’ a sumarse al Frente 19 de las FARC, de las que fue miembro del Estado Mayor Central y uno de los jefes del Bloque Caribe.

Entre 2012 y 2016 fue delegado de la guerrilla en los diálogos con el Gobierno celebrados en La Habana; tras la firma del acuerdo de paz, en noviembre de ese año, se desmovilizó y pasó a integrar la dirección nacional del flamante partido que fundaron los excombatientes para hacer política sin armas, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).

A comienzos de 2018 un Gran Jurado del Distrito Sur de Nueva York los acusó de conspirar para enviar 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos entre junio de 2017 y abril de 2018.

Las autoridades colombianas lo detuvieron en Bogotá el 9 de abril de 2018.

‘Santrich’ permaneció detenido hasta que la JEP ordenó liberarlo y denegó su extradición.

Los fiscales colombianos y de EEUU lo acusan de haber pactado el envío de la cocaína con el Cartel de Sinaloa (México) en una reunión posterior al 1 de diciembre de 2016, después de la firma del acuerdo de paz.

La fecha es clave, porque los excombatientes —tanto guerrilleros como agentes del Estado— pueden acogerse a los beneficios de la JEP bajo ciertas condiciones: decir toda la verdad sobre los delitos cometidos durante el conflicto, reparar a las víctimas y no volver a delinquir luego de la firma del acuerdo de paz.

Por los delitos cometidos a posteriori, los involucrados pasan a la justicia ordinaria.

La JEP explicó en su fallo que, luego de muchos meses solicitando pruebas para determinar la fecha de esa reunión y presunta comisión del delito, estas no le fueron entregadas ni por la fiscalía ni por las autoridades de EEUU.

La JEP no se pronunció sobre el fondo del asunto; se limitó a constatar que no había pruebas sobre la fecha, pero advirtió que la justicia colombiana debía investigar y juzgar si cabía el presunto delito.

‘Santrich’ y la FARC han sostenido en todo momento que el dirigente fue víctima de un montaje organizado por EEUU y la fiscalía colombiana para extraditar a los líderes de la extinta guerrilla y desbaratar el acuerdo de paz.

Tensión con Washington

A finales de 2018 los magistrados de la JEP cuestionaron la forma en que EEUU cursó su pedido de extradición y, a través de la cancillería colombiana, reclamaron a la justicia estadounidense «las evidencias que soportan el pedido» del exguerrillero.
El Gobierno y el oficialismo cuestionaron a la JEP por supuestamente violar los principios internacionales del acuerdo de extradición, según los cuales Colombia no evalúa ni cuestiona las pruebas que asegura tener otro país.

El Departamento de Estado de EEUU rechazó en su momento la petición de la JEP, y la embajada de EEUU consideró «urgente» el inicio de una apelación.

Operación encubierta

Fue la Procuraduría la que apeló el fallo de la JEP, alegando que corresponde a la Corte Suprema de Justicia decidir sobre la extradición.

La apelación es estudiada por la Sección de Revisión de la JEP, que el 31 de mayo próximo anunciará si mantiene su decisión o la cambia.

De forma paralela, la fiscalía abrió un nuevo caso contra ‘Santrich’ para juzgarlo por narcotráfico y concierto para delinquir, en base al mismo delito por el cual lo requiere Washington.
Los fiscales aseguraron que poseían nuevos testimonios incriminatorios, despertando suspicacias de por qué no los presentaron durante los muchos meses que el caso estuvo en la JEP.

Apenas la JEP negó la extradición, se filtró a la prensa un vídeo en el que ‘Santrich’ aparece junto a Marlon Marín (sobrino del exjefe negociador de paz Iván Márquez) y otros dos hombres, supuestos miembros del Cartel de Sinaloa, con los que hablan sobre un negocio de drogas.

Esos dos hombres podrían ser agentes encubiertos de la agencia antidrogas de EEUU (DEA), ya que uno es el que filma el diálogo de forma subrepticia y el otro aparece con su rostro borrado.

No está claro si ese video forma parte de las nuevas pruebas, pero el propio fiscal Martínez reconoció en una entrevista que, tal como indica el fallo de la JEP, hubo en Colombia operaciones de agentes estadounidenses que no fueron autorizadas ni informadas a la fiscalía.

Extradición y verdad

La nueva detención de ‘Santrich’ es para juzgarlo por el mismo delito por el que lo requería la justicia estadounidense; si esta investigación avanza en Colombia, el exguerrillero no podría ser extraditado, pues el mismo crimen no puede juzgarse en dos jurisdicciones.

Pero el Gobierno de Duque insiste en que ‘Santrich’ debe ser extraditado a EEUU como parte de la lucha contra el narcotráfico y la cooperación que mantiene con ese país.
El caso está suspendido desde el 20 de mayo, porque la defensa de ‘Santrich’ alegó que en virtud de su fuero de diputado —obtuvo un escaño en las elecciones del año pasado— no puede ser juzgado por un tribunal común sino por la Suprema Corte, que tiene este pedido a estudio.

Por otra parte, la apelación de la extradición ante la JEP puede terminar también en el máximo tribunal, que tendrá la última palabra.

En su fallo, la JEP recordó que un objetivo central del sistema transicional es asegurar que los inculpados entreguen verdad y reparación a las víctimas.

Tramitar el juicio por narcotráfico en Colombia permitiría que ‘Santrich’ rindiera testimonio de forma paralela ante la JEP, que tiene a estudio graves crímenes cometidos durante el conflicto armado.

El exguerrillero ya compareció ante la JEP en marzo para declarar en el caso 001, sobre retención ilegal de personas por parte de las FARC, en el que estarían implicados 4.132 excombatientes y 8.163 víctimas.
Pero el tribunal no pudo conseguir a tiempo los equipos especiales que ‘Santrich’ necesita por su escasa visión para leer los documentos del caso y responder a los magistrados.

Por el mismo motivo se aplazó esta semana otra audiencia en la que el detenido debía declarar sobre los secuestros.

Fuente: Sputnik

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