El rejuego oculto tras la restauración de ‎Notre-Dame

La presidencia de la República Francesa ha utilizado el incendio de la catedral Notre-Dame de París para ‎poner en marcha un proyecto hasta ahora pospuesto. Y lo hace imponiendo reglas ‎inéditas, saltándose las normas vigentes en materia de licitación y de protección del ‎patrimonio cultural. Su objetivo no es restaurar la catedral sino convertir su entorno –‎la Isla de la Cité– en el primer lugar turístico de Europa antes de los Juegos Olímpicos ‎de 2024. Para evitar las limitaciones judiciales, ‎la presidencia de Francia está imponiendo arbitrariamente la hipótesis del incendio ‎accidental. ‎

El incendio de Notre-Dame

Cuando comenzó el incendio de Notre-Dame, en la tarde del 15 de abril de 2019, todos ‎los medios de prensa franceses, y muchos medios extranjeros, concentraron su atención en ‎la catedral en llamas. Numerosas televisoras extranjeras abrieron sus espacios noticiosos con esa ‎información. Pero France 2 no lo hizo. ‎

Ese canal de televisión, propiedad del Estado francés, tenía programado dedicar su espacio ‎noticioso al discurso, previamente anunciado, del presidente Emmanuel Macron, colofón del ‎‎«Gran Debate Nacional». Totalmente aturdida por el inesperado drama, la redacción le dedicó ‎finalmente su espacio noticioso, después de expresar su sorpresa ante la posposición sine die ‎del discurso presidencial, que France 2 creía mucho más importante. ‎

La frialdad de la mayoría de los periodistas y la estupidez de los comentarios espontáneos de los ‎políticos pusieron bruscamente de relieve el enorme abismo que separa el universo mental de ‎esas personas del de los demás franceses. Para la clase dirigente, la belleza de Notre-Dame ‎no puede hacer olvidar que se trata de un monumento de la superstición cristiana. Para el ‎público, por el contrario, es el lugar donde los franceses se reúnen como pueblo como muestra de ‎recogimiento o para dar gracias a Dios. ‎

En términos de comunicación, probablemente habrá un antes y un después del incendio de Notre-‎Dame porque una mayoría de franceses quedó tan conmocionada por el siniestro como indignada ‎por la indiferencia arrogante de su clase dirigente. ‎

La Isla de la Cité
y la industria del turismo

Inmediatamente, el presidente de la República, Emmanuel Macron, tomó una decisión que no es ‎reconstruir Notre-Dame sino realizar un difícil proyecto que se había mantenido en espera desde ‎hace 2 años y medio. ‎

En diciembre de 2015, el entonces presidente de la República, Francois Hollande, y la alcaldesa de ‎París, Anne Hidalgo, creaban una misión que trabajó durante todo un año, cuando Emmanuel ‎Macron era ministro de Economía, de Industria y de Actividad Numérica. ‎

Entre las numerosas personalidades que participaron en esa misión estuvieron Audrey Azoulay, ‎entonces ministra de Cultura y actual directora general de la UNESCO [1], y el prefecto Patrick Strzoda, en aquel entonces director del equipo de trabajo del ‎ministro del Interior y hoy director del equipo de trabajo del presidente Macron. ‎

Aquella misión estaba bajo la dirección del presidente del Centro de Monumentos ‎Nacionales, Philippe Belaval, y del arquitecto Dominique Perrault.‎

Luego de señalar que, desde la renovación realizada en el siglo XIX por el barón Haussmann, ‎la Isla de la Cité es un complejo administrativo cerrado al público –complejo que abarca la ‎Sainte-Chapelle y la catedral de Notre-Dame–, aquella misión propuso transformarla en ‎‎«isla monumento». El traslado del Palacio de Justicia así como la reorganización de la ‎Prefectura de Policía y del hospital Hôtel Dieu abren las puertas a la realización de ese proyecto, que ‎implica una reorganización casi total del espacio de la Isla de la Cité. ‎

La misión elaboró una lista de 35 obras coordinadas, como la creación de vías subterráneas de ‎circulación y la construcción de cubiertas acristaladas que cerrarían los espacios internos abiertos ‎de numerosos edificios, para convertir la Isla de la Cité en lugar de visita obligado para ‎‎14 millones de turistas extranjeros al año. ‎

El informe de aquella misión [2] menciona el increíble valor comercial de ese proyecto… sin decir ni una palabra del valor ‎patrimonial, particularmente espiritual, de la Sainte-Chapelle y de Notre-Dame, lugares que el ‎informe enfoca exclusivamente como sitios turísticos, fuentes potenciales de ingresos. ‎

Según los autores del informe, ese ambicioso proyecto no podía realizarse rápidamente, no por ‎falta de financiamiento sino más bien debido a complicadas cuestiones administrativas y enormes ‎obligaciones jurídicas. Aunque la Isla de la Cité cuenta pocos habitantes, todo trámite de ‎expropiación puede prolongarse por décadas. Más inquietante aún es que el director del Centro de ‎Monumentos Nacionales parecía deplorar que fuera imposible destruir una parte del patrimonio ‎para dar realce a otra. ‎

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Las decisiones de la Presidencia

Después del incendio, se hizo evidente en pocas horas que diversos donantes –desde simples ‎ciudadanos a poseedores de grandes fortunas– aportarían grandes cantidades de fondos. ‎El objetivo de la Presidencia de la República fue entonces instaurar una autoridad capaz de ‎realizar simultáneamente la reconstrucción de Notre-Dame y el proyecto de transformación de la ‎Isla de la Cité.‎

Al día siguiente, el 16 de abril de 2019, el presidente Macron declaraba ante las cámaras de ‎televisión: «Sí, reconstruiremos la catedral Notre-Dame todavía más bella y quiero que se haga ‎en 5 años.» [3]. ‎

Dejemos de lado el «yo quiero», más característico de un empresario que de un responsable ‎político electo para servir a la República. Cinco años es un plazo extremadamente corto para ‎reconstruir una catedral cuyo construcción duró siglo y medio. Pero es el plazo justo para que ‎los trabajos estén terminados a tiempo para los turistas atraídos por los Juegos Olímpicos ‎de 2024. Esa era la fecha prevista por la misión Belaval-‎Perrault.‎

El 17 de abril, el Consejo de Ministros se dedicó enteramente a las consecuencias del incendio y ‎se adoptaron 3 decisiones importantes:‎
- Nombrar al ex jefe del estado mayor de las fuerzas armadas, el general Jean-Louis Georgelin, ‎para dirigir desde la Presidencia de la República una misión especial «para velar por el avance de ‎los procedimientos y trabajos que serán iniciados»;
- hacer que la Asamblea Nacional adopte un proyecto de ley [4] que regirá la recogida de fondos, ‎regularizará la nominación del general Georgelin –quien ha alcanzado la edad límite– y, ‎sobre todo, que dispensará la misión a su cargo de seguir los procedimientos normales ‎en materia de licitación, además de dispensarla también de tener que respetar las leyes de ‎protección del patrimonio y de todas las disposiciones y reglas que puedan obstaculizar sus fines;
- organizar un concurso internacional de arquitectura para la reconstrucción de Notre-Dame.‎

Pero también se tomó otra decisión en ese Consejo de Ministros: acallar todo debate sobre las ‎causas del incendio de Notre-Dame para evitar que se inicie una investigación judicial que vendría ‎perturbar el montaje ya descrito. ‎

La mentira de Estado

El nuevo fiscal de París, Remy Heitz, nombrado gracias a una intervención personal del presidente ‎Emmanuel Macron, aseguró inmediatamente que no es la pista criminal la principal hipótesis y ‎que el incendio fue resultado de un accidente vinculado a los trabajos de restauración que estaba ‎realizándose en Notre-Dame. ‎

Esa afirmación provoca rechazo entre expertos, bomberos, artesanos y arquitectos, quienes ‎estiman que ningún elemento de los trabajos que estaban realizándose podía haber provocado un ‎incendio de tales proporciones en ese lugar ni tan rápidamente. ‎

La insistencia del fiscal y del prefecto de París, Didier Lallement, en pronunciarse sobre ese tema ‎en el lugar mismo del incendio demuestra la elaboración de una versión oficial que no exija la ‎realización de largas investigaciones, las cuales obligarían a preservar el lugar de los hechos. ‎También alimenta interrogantes sobre la pista arbitrariamente descartada de la realización de un ‎acto anticristiano o antirreligioso, en un contexto marcado por los actos de vandalismo contra las ‎iglesias (878 profanaciones en 2017), por el incendio intencional registrado en la parisina Iglesia ‎de San Sulpicio –el 17 de marzo– y el incendio de la mezquita Al-Marwani en la Explanada de las ‎Mezquitas de Jerusalén. ‎

Además, sabiendo que la mayoría de los grandes incendios que han abierto el camino a la ‎realización de proyectos inmobiliarios han sido incendios provocados, se impone un análisis serio ‎de la hipótesis de un acto premeditado tendiente a permitir la transformación de la Isla de la Cité. ‎

Todas esas interrogantes son perfectamente legítimas y quedarán sin respuesta si no se abre una ‎investigación. ‎

Claro, el objetivo del presidente Macron es digno de elogio, pero resulta muy extraña su manera ‎de llevarlo a cabo. La realización del proyecto descrito no es posible sin modificar las reglas del ‎derecho, pero la designación de un general –aunque puede ser una garantía de eficacia– ‎ciertamente no garantiza que se respete el Derecho. ‎

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