El pasado 11 de marzo se realizaron elecciones legislativas en Colombia, dos meses antes de que sea la elección presidencial con la particularidad de que fue la primera contienda electoral donde participó la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, armado político de la antigua guerrilla de las FARC.
A menos de una semana de la votación de medio término, el poder político y judicial colombiano embarraron la cancha, una vez más. El reelecto senador Alberto Castilla del Polo Democrático Alternativo se enteró por la noticias que el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, lo acusó a él y al representante a la Cámara por el movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), Germán Bernardo Carlosama, de tener vínculos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). La fiscalía pidió a la Corte Suprema investigar a estos dos políticos y líderes sociales.
Los acusados no han sido informados formalmente y se desconocen que pruebas podrían tener, los movimientos sociales denuncian que se trata de un nuevo caso de judicializar a quienes luchan por los derechos de campesinos e indígenas colombianos.
Yhoana Castaño, vicepresidenta del Coordinador Nacional Agrario, organización a la que pertenece Castilla, explicó a Data Urgente las razones por las cuales ellos creen se ha arremetido contra el Senador Castilla.
«Alberto Castilla para nuestro proceso encarna también la esperanza de cambio para el campo colombiano, como bien sabemos los campesino y campesinas en Colombia no son reconocidos por el estado como sujetos de derecho. Alberto ha llevado al senado de la república el proyecto de acto legislativo número 12 del 2016, con el que unidos de la mano con campesinos y campesinas hemos buscado el reconocimiento para que el campesinado goce de una vida digna, goce del derecho a la tierra, goce del derecho a la territorialidad, y que además se den garantías para vivir en el campo colombiano. Esta ha sido una de las tareas fundamentales de Alberto en el senado de la república y seguimos con esa meta de que los campesinos sean reconocidos en el estado colombiano.
Creemos que esta es una acción represiva del Fiscal General de la Nación, ya que el Polo Democrático, en debates en el Senado, le ha cuestionado sus declaraciones frente a asesinatos de líderes sociales en Colombia; pero también le ha cuestionado su accionar y su manera de proceder frente al caso de corrupción con Oderbrecht. Han sido miles los debates que se han dado con el Polo Democrático, donde Alberto también ha jugado un papel importante, junto al senador Robledo y el resto de la bancada. Creemos que esto tuvo algo que ver porque han sido muchas las luchas de oposición que se han dado en el Senado, no solamente contra el Fiscal sino también contra este gobierno y contra las políticas que se han generado en el interior del Senado de la República. Solo para mencionar algunas tenemos el caso donde Alberto jugó un papel importante siendo opositor y es la demanda que se interpone frente a la corte constitucional frente a la ley zidres, por su regresividad que tiene en materia en derecho a la tierra, el derecho a la asociación, el derecho a que se tengan garantías de distribución equitativas para los campesinos y campesinas en Colombia frente a la tierra y algunas garantías para poder producir».
Alberto Castilla es Senador por el Polo Democrático Alternativo desde 2014, recientemente ha sido reelecto. Su trayectoria como líder social y campesino se remonta muchos años atrás, asumiendo la lucha campesina en su territorio, el Catatumbo, donde enfrentó la persecución y la arremetida paramilitar en esa zona en el año 2001. Castilla forma parte del Coordinador Nacional Agrario (CNA).
Ernesto Roa es el actual presidente del Coordinador Nacional Agrario y charló con Data Urgente sobre la denuncia que pesa sobre Castilla y el contexto en el que sucede.
¿Cuál ha sido el rol del CNA en la lucha campesina en Colombia y qué papel ha jugado Alberto Castilla allí?
«El Coordinador Nacional Agrario es una organización campesina que históricamente ha luchado por la defensa de los derechos del campesinado, el acceso a la tierra, la tenencia de la tierra, la organización del territorio, la autonomía, el gobierno propio, la construcción de economías alternativas que vayan en equilibrio con la naturaleza. Buscamos el reconocimiento del campesino como sujeto social y político, el reconocimiento de la territorialidad como una alternativa de vida en clave de paz desde las contracciones propias. Desde 1997 hemos venido hablándole al país, planteando un modelo de desarrollo distinto que garantice la vida, la permanencia y los derechos humanos; un modelo donde el centro de todo sea la vida, la soberanía y la autodeterminación».
Nuestro compañero senador Alberto Castilla ha sido un compañero que no solamente ha ayudado a la construcción colectiva de este proceso campesino como organización, el CNA, sino que además ha ayudado a liderar cada una de estas luchas que hemos venido construyendo desde hace mucho tiempo; desde 1985 este compañero se articuló al movimiento social de su región, el Catatumbo, y desde los territorios ha venido haciendo esa apuesta, no solamente de poder desde las comunidades, sino una apuesta de construcción de una vida distinta, articulando no solamente su proceso regional a lo nacional, sino que también ayudó a liderar este proceso a lo nacional, en su momento cuando fue presidente (del CNA).
¿Qué balance hacen de la actuación legislativa del CNA con Castilla como senador?
Alberto Castilla está cumpliendo con un mandato que hemos planteado desde las organizaciones sociales, que es la disputa institucional y dentro de la disputa institucional una tarea específica que es la lucha electoral; una lucha electoral planteada desde una forma distinta, con un enfoque ético, con un enfoque moral que nos permita a nosotros como movimiento social posicionar no solamente nuestras apuestas, sino mostrarle al país que hay una forma distinta de hacer política, no una política llena de corrupción, una política que esta manchada de sangre con todas la víctimas que le ha costado al país, la persecución del estado al movimiento social. Lo que le estamos planteando al país es que no solamente hay formas distintas sino que podemos construir poder popular a través de estos escenarios. Por eso a través del compañero senador Alberto Castilla hemos presentado actos legislativo para el reconocimiento del campesinado, cosa que a los que hoy están en las elites del poder no les ha gustado y definitivamente este proyecto no fue aprobado, pero igual nosotros seguimos manteniéndonos en ese espacio y por eso tomamos la decisión de respaldar nuevamente al compañero en ese escenario. No solo Alberto Castila cuenta con el perfil y el reconociendo de la organización campesina, sino que consideramos que ha hecho un muy buen ejercicio en términos de lo que hemos discutido al interior del movimiento social, como es la plataforma que articulamos a través del Congreso de los Pueblos, de una forma distinta de hacer política y de plantear de cara al país las problemáticas que más aquejan a las comunidades.
Ante la denuncia del Fiscal General al senador Castilla ¿Qué pasos darán como organización social?
Históricamente como organización hemos denunciado todos los atropellos en términos de derechos humanos y en contra de la vida, vengan de donde vengan, y en este caso no va a ser la excepción, vamos a seguir generando acciones de rechazo que permitan incluso la movilización social de darse las intenciones que la fiscalía está planteando para judicializar al compañero. Hemos comenzado con un primer ejercicio de denuncia, vamos a continuar con una campaña que hemos comenzado el año pasado: Ser líder no es delito; y en ese mismo sentido vamos a continuar esa campaña, donde debe sumarse no solamente la solidaridad de todas las organizaciones, sino en los hechos reales de hacer la presentación de la fiscalía para que revisen que tipo de acusaciones se tiene a nivel judicial y que pruebas tiene la justicia colombiana contra un dirigente como Alberto.
Es muy complejo que hoy no haya ningún tipo de garantías, hemos manifestado también de que nos presentamos ante la fiscalía pese que sabemos que como proceso alternativo, que como dirigencia, no tengamos derecho a un debido proceso, por los mismos vicios que desde las altas cortes y desde la fiscalía se tienen en términos de esa persecución a quienes hemos planteado una forma distinta de construir un país.
En Colombia se están aplicando los acuerdos del proceso de paz, ¿cómo analizan las acusaciones contra Castilla en este contexto?
Desafortunadamente sigue habiendo no solamente la estigmatización, la persecución sino también la judicialización, la criminalización al movimiento social, a su dirigencia y a su base social; en ese sentido hemos mantenido y seguiremos manteniendo nuestra voz de protesta contra cada atropello que se piense cometer contra el movimiento como tal y en este caso lo que viene pasando con el compañero Alberto Castilla.
Hemos planteado de que la paz no nos cueste la vida porque desafortunadamente, pese a que se está dando un proceso de paz donde el gobierno firmó unos acuerdos con la insurgencia en La Habana, hoy por hoy la realidad que vive el país es que se está cometiendo un nuevo genocidio, son más de doscientos los lideres y lideresas asesinados en estos últimos tiempos, se sigue implementado el terrorismo de estado.
Hoy en pleno siglo XXI, donde las elites del poder se han llenado la boca diciendo de que estamos en un proceso de paz y que Colombia hoy es un país en paz, pero donde desafortunadamente la desigualdad cada día sigue siendo mucho más grande, donde desafortunadamente los conflictos territoriales, después del proceso que se dio en La Habana, se han venido incrementado, como en los casos del Departamento de Nariño y en el Departamento del Cauca, éste es uno de los departamentos más afectados por la violencia, donde más dirigentes y base social han sido asesinados por esa política criminal que está auspiciada y financiada desde las elites en el poder.
Como organización campesina vamos a seguir generando espacios de denuncia, y si es necesario espacios de movilización, pero no solamente hacerlo a nivel local, sino transcender esa denuncia a nivel internacional, para visibilizar que en Colombia mientras se habla de un discurso de paz, siguen persiguiendo, siguen asesinado, siguen judicializando, siguen estigmatizando, que ese terrorismo de estado hoy se sigue de una forma brutal, en contra del movimiento social y en contra de su dirigencia y base social.
Data Urgente comparte las palabras de Yhoana Castaño, vicepresidenta del Coordinador Nacional Agrario, organización campesina, indígena y afro que nuclea a 48 procesos campesinos con presencia en 22 depatamentos. Escuchá su opinión acá ⬇